Carme Trilla, economista y presidenta de la Fundació Hàbitat3
Carme Trilla (Hàbitat3): “Parece que invertir en vivienda de alquiler social es riesgo asegurado, pero es falso. Tienes garantía de retorno”
Cofides y representantes de promoción y gestión de pisos sociales “rompen” el relato alrededor de la rentabilidad en el sector
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La vivienda social es rentable. La economista y presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla, lo certifica: “La inversión en alquiler protegido y social está totalmente asegurada”.
“Parece que invertir en alquiler es riesgo asegurado”, explica, pero desde su punto de vista, el arrendamiento cuenta con muchas ventajas.
En una intervención este miércoles, 14 de octubre, en el marco de la presentación pública de Genivs Insulae en Barcelona4Impact Week, la experta en vivienda señaló que el alquiler social dispone de una demanda garantizada total, ya que siempre habrá población vulnerable que necesite una vivienda.
Además, argumentó, es una demanda solvente y contrastada por las administraciones públicas y las entidades del tercer sector. “El inversor tiene garantía absoluta de este retorno”, afirmó.
(centro) Carme Trilla, economista y presidenta de la Fundació Hàbitat3 en la ponencia organizada por Genivs Insulae
"Insolvencia cero"
Trilla incidió en que en el año 2007, cuando ejercía como directora general y secretaria de Habitatge de la Generalitat, creó junto al Institut Català de Finançes (ICF) la línea de crédito "más solvente de todas", con la que se construyeron 30.000 viviendas de alquiler de protección oficial gracias a la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
“Es una línea con insolvencia cero”, aseguró, y añadió que el éxito de los préstamos demuestra la clara rentabilidad de la vivienda de alquiler social.
En la misma línea, el director de inversiones de la sociedad especializada en gestión de fondos estatales Cofides, Raúl Sánchez, argumentó que su labor es demostrar que la inversión funciona. “Tenemos que romper ese relato y poner encima de la mesa que lo financiero y lo social dan más fortaleza a los proyectos y que son sólidos”, explicó.
Viviendas de la Illa Glòries
Ley de proveedores sociales de vivienda
Por otro lado, Trilla, que actualmente es asesora del Ministerio de Vivienda, desgranó algunas de las cuestiones que estaban sobre la mesa en la redacción del proyecto de ley de proveedores de vivienda social.
En primer lugar, el decreto Maricarmen establece un plazo de seis meses para regular “la definición y el procedimiento de certificación o reconocimiento” de estas figuras sociales.
En este sentido, indicó que el reglamento reconocería como proveedores de vivienda social tanto a entidades sin ánimo de lucro, como Hàbitat3, como a aquellas con ánimo de lucro limitado. En esta última categoría encajaría un proyecto como el de Genivs Insulae, un fondo de inversión de capital privado que promoverá la construcción de viviendas de alquiler social y cuenta con entidades del tercer sector para gestionar los pisos, así como con la colaboración de las administraciones públicas, que cederán suelo para desarrollar las promociones.
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Una vez esté delimitado el concepto de proveedor social, Trilla explicó que el siguiente paso será aprobar una fiscalidad específica para estos agentes sociales.
“El Real Decreto-ley habla del IVA al 4%, pero casi no nos sirve porque no afecta a la construcción de la vivienda, sino a la transmisión. Por lo tanto, queda cojo”, esgrimió.
Finalmente, la tercera pata de la futura legislación será reivindicar “un esfuerzo presupuestario importante” por parte del Estado para capitalizar las organizaciones del tercer sector o incluso cederles patrimonio como ocurre en Londres. Según explicó, muchas de estas entidades acumulan un nivel de endeudamiento que limita su capacidad y que actúa como un "techo infranqueable" para su crecimiento.