“Me fiaré, volveré a ocupar y no vamos a salir para nada”. Son la palabras de una mujer desesperada, Susana, que este miércoles ha vuelto a la puerta del edificio de Entença 151 del que ha sido desalojada en un tenso y accidentado desahucio exprés. El martes salió tres cuartos de hora y al volver, ya no pudo entrar en un piso que había ocupado hacía una semana debido a su situación de vulnerabilidad. Junto a ella, su inseparable hijo con el que ha tenido que dormir en una pensión, la solución provisional que le han ofrecido los servicios sociales. Allí podrá quedarse otras dos noches como máximo. ¿Después? “Después de ahí, la nada. Osea que sigo teniendo el mismo problema, continuamos durmiendo en la calle”, explicaba esta mujer en paro y viuda con una pensión de su hijo por orfandad de 265 euros.
Susana, al igual que Encarna, una jubilada de 68 años, se acogió al realojamiento ocupacional para encontrar un techo bajo el que dormir. Ellas y dos parejas con pocos ingresos quieren pagar un alquiler social, pero las opciones no llegan. Por ello, acompañados del Grup d’Habitatge de Sants, entraron en uno de los cuatros pisos vacíos de Entença 151, un bloque que desde hace dos meses denuncian la venta del inmueble a un fondo de inversión. Aseguran que el administrador, Miguel Ángel Ruiz, pretende vaciar el inmueble para cerrar una operación con Renta Corporación. Pero lo de este martes ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Seis furgones de Mossos d’esquadra, tres coches patrulla y una docena de agentes antidisturbios impidieron que tanto Encarna como Susana volvieran a los domicilios. Una situación que hizo saltar las alarmas en redes sociales desde las que se organizó medio centenar de vecinos, ciudadanos y miembros de entidades sociales para evitar el desalojo. Dos de ellos resultaron heridos y fueron atendidos por los Servicios de Emergencias Médicas.
PISOS VACÍOS TAPIADOS CON LADRILLOS
Para el centro por la defensa de los derechos humanos Irídia, la actuación policial fue desproporcionada y por ello, han decidido presentar medidas legales. “Desde el momento en el que nos enteramos de los hechos, decidimos abrir una investigación en dos sentidos: la primera por la forma en la que se ha llevado a cabo este desalojo, en el que ha quedado claro que no tenían ninguna orden judicial para hacerlo”, explicaba la abogada Sonia Olivella. En segundo lugar, por las lesiones que sufrieron dos personas durante la resistencia pacífica y civil. La mujer tuvo que ser trasladada en camilla ha vuelto al lugar de los incidentes, con una venda en el brazo, un collarín “y un parte de lesiones por agresión policial”, puntualizaba Olivella.
Antes del tenso desalojo, los Mossos d’Esquadra aseguran que recibieron el aviso de que un individuo intentaba ocupar uno de los pisos vacíos de Entença. Los vecinos sostienen que la declaración jurada procedía de una persona cercana al administrador de la finca y que quien quería entrar, llave en mano, era Encarna. Ella, junto a Susana y otras dos parejas jóvenes, llevaban una semana dentro de los pisos hasta entonces vacíos.Desde este miércoles de madrugada, los dos inmuebles del cuarto piso están tapiados con ladrillos.
LOS VECINOS QUIEREN QUEDARSE
El desalojo de Encarna, Susana y otras dos parejas se suma a la cruzada de ocho inquilinos desde hace dos meses luchan por quedarse en este mismo inmueble. Joan Gómez es el único que podrá quedarse por tener un contrato indefinido. El resto, deberá abandonar el inmueble porque, según explica Gómez, el administrador tiene un acuerdo con Renta Corporación para venderlo el 30 de noviembre. “Por eso tienen tanta prisa para echarnos”, puntualiza una de las vecinas que prefiere mantener su nombre en el anonimato. Tanto ella como los inquilinos de los otros seis pisos pendientes de vaciarlos han recibido un burofax en el que les piden que dejen su hogar.
“Yo soy una de las vecinas que está en esta situación. Ya me ha llegado el burofax y ahora estoy pagando por giro postal. Es una injusticia lo que están cometiendo, es una atropello de nuestros derechos”, clama otra de las inquilinas de Entença 151. Lleva 18 años viviendo en el primero segunda y desde que recibió el aviso, le dieron un mes y medio para irse. “Pero yo sigo aquí y voy a seguir luchando con todos mis vecinos. Tenemos que unirnos porque es un problema muy grande que está pasando en toda Barcelona y no hay que ser indiferentes”.
Un problema cada vez más habitual al que en ocasiones acuden miembros del equipo de gobienro. El martes, los regidores Gala Pin, Eloi Badia y Jaume Asens acudieron a Entença tras conocer los hechos a través de las redes sociales. Un día después, Pin ha señalado que desde el Ayuntamiento se desconocía la situación y que por ello "hemos pedido mas información, porque tenemos un protocolo con la Generalitat porque, en el caso de haber menores, nos tienen que informar y había un menor." La regidora de Ciutat Vella ha querido dejar claro que "hasta que no tengamos toda la información pertinente, no podemos hacer una valoración".
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