Sant Antoni es uno de los barrios de moda de Barcelona. Desde unos años para acá, los bares, restaurantes y locales de copas nacen como las setas. Calles como las de Parlament, Comte de Borrell, Calàbria o la Ronda de Sant Pau concentran algunos de los nuevos establecimientos de ocio. El reformado mercado, que abrirá en mayo, todavía disparará más la popularidad de Sant Antoni. Será otro actractivo más de un barrio que ya se ha convertido en uno de los puntos de interés de los inversores inmobiliarios.
Esta semana, la plataforma Fem Sant Antoni ha lanzado una campaña en la que advierte que antes del 2020 unos 3.500 inquilinos del barrio acaban su contrato de alquiler, según datos del colectivo sacados de las estadísticas municipales. Esto se puede traducir en la expulsión de estos vecinos si no pueden pagar los nuevos precios que les impondrán los propietarios.
En muchos casos se trata de fincas que son propiedad de una empresa o un fondo de inversión y aprovechan la primera oportunidad que se presenta para echar al arrendatario de turno, reformar la casa y ponerla de nuevo en el mercado --de alquiler o de venta-- a precio de oro.
"Son desahucios invisibles", advierte Xavier Caballé, de la plataforma Fem Sant Antoni. El problema no es nuevo. Se está dando en muchos barrios de la ciudad, sobre todo en puntos de interés turístico, como Poblenou, Barceloneta, Sagrada Família, pero ninguna zona está a salvo.
922 EUROS POR 60 METROS
En Sant Antoni, denúncia Caballé, el precio medio de una vivienda de 60 metros cuadrados es de 922 euros al mes. "Esto significa que hay muchos alquileres por encima de los 1.100 o 1.200 euros. Es el sueldo de una persona. Lo razonable es no dedicar más del 30% de los ingresos a la vivienda. Es un problema gravísimo, que necesita de un plan de choque por parte de las administraciones". Recientemente, la alcaldesa Ada Colau ha reclamado una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para aumentar los años de contrato para proteger a los inquilinos.
Una de las consencuencias que tiene la gentrificación o expulsión de vecinos porque no pueden pagar la casa es "el envejecimiento del vecindario", dice Caballé. En Sant Antoni, muchos de estas 3.500 personas que acaba contrato estos años tienen entre 35 y 40 años. La gran mayoría no se pueden comprar un piso y la oferta de alquiler es baja --alrededor de un 30% del paque inmobiliario del barrio--, por lo que probablemente acabarán trasladándose a otra zona o ciudad metropolitana.
Para dar a conocer esta problemática, Fem Sant Antoni ha hecho una campaña de buzoneo por todo el barrio. Ets un dels 3.500?, pregunta la plataforma a los vecinos. La publicidad incluye distintos consejos para los inquilinos que también se pueden consultar en la web de Fem Sant Antoni. Entre las recomendaciones figuran llevar el contrato en el Registro de la Propiedad, conservar todos los recibos de pagar y no dejar entrar al propietario ni a tasadores.
En el caso de vivir en una finca que sea propiedad de un único inversor se aconseja estar atento a señales de acoso inmobiliario (como dejadez de la finca y, especialmente, de los elementos comunes), cambios en la administración de los pisos, la no renovación de contratos o el ofrecimiento de dinero para irse de la casa.