Los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona conocían muy bien a la familia de cuatro miembros que este martes ha fallecido a causa de un incendio registrado en el local okupado de la plaza de Tetuán. Desde septiembre de 2020, los trabajadores municipales realizaron 88 intervenciones con esta familia que se tradujeron, básicamente, en visitas y entrevistas, según ha explicado este martes la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laura Pérez.

En el incendio registrado a primera hora de esta mañana han muerto una pareja adulta de unos 40 años y sus dos hijos: un bebé de pocos meses y un niño de tres años. La concejal ha atribuido la tragedia en el Eixample a una situación de "pobreza y exclusión". Pérez ha subrayado que no existía "desamparo" ni "desprotección infantil" hacia los menores, y que los padres tenían "interés" por su "protección.

BUENA VINCULACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES

El Ayuntamiento conoció la existencia de la familia a través del servicio de intervención social de familias con menores (SISFAM), un equipo que atiende a personas que viven en situaciones de infravivienda, ya sea locales, asentamientos o naves. Sus integrantes fueron en busca de la familia necesitada, ya que esta en ningún momento se acercó por voluntad propia a los servicios sociales. Aun así, Pérez ha destacado que la familia tenía "muy buena vinculación" con los trabajadores municipales.

A pesar de vivir en una situación de "infravivienda", la concejal ha explicado que el Ayuntamiento inspeccionó el local el pasado 18 de octubre sin detectar un "riesgo inminente" para los ocupantes que obligara a un desalojo inmediato. "Comprobamos que el control eléctrico funcionaba, también la ventilación. Tenían subministro eléctrico",  ha explicado Pérez que no ha aclarado, sin embargo, si la luz estaba o no pinchada. "El Ayuntamiento no ha pagado la luz. No sabemos quien la pagaba", relataba. Este último escenario sí lo sostenía esta mañana un vecino del edificio colindante.

SIN ALTERNATIVA DE VIVIENDA 

El Ayuntamiento no ofreció una alternativa de vivienda a la familia porque un realojo provisional (una pensión), según la concejal de Barcelona en Comú, "era peor". La fuente de ingresos de estas personas, la chatarra que vendía el padre, "hacía muy dificil el encaje con otras alternativas", añadía la dirigente municipal.

El gobierno municipal ha denunciado que la situación irregular de las víctimas, que no tenían papeles, les cerró muchas puertas de posibles ayudas del Estado que podrían haber recibido. Desde la administración local tramitaron ayudas en pañales, comida, farmacia, transporte y "ayudas económicas puntuales".

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