La auditoría externa encargada a finales del año pasado por el Ayuntamiento de Barcelona a instancias de la CUP revela que el propio consistorio es el responsable del sobrecoste de las obras del túnel de Glòries por los errores en el proyecto.
En un comunicado enviado este lunes tras el anuncio por parte del consejo de administración de Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa) de rescindir el contrato de las obras de Glòries, la UTE argumenta que tuvo que asumir un proyecto constructivo "que no se correspondía con la realidad a pie de obra".
Ha añadido que, pese a ello, los trabajos encomendados hasta la fecha se han continuado ejecutando con normalidad y la UTE "ha colaborado en todo momento con todos los agentes del proceso" para evitar la paralización de la ejecución de las obras.
La unión temporal de empresas ha manifestado que respeta la decisión del Ayuntamiento de Barcelona y que queda a la espera de la comunicación oficial de la decisión final de Bimsa para estudiar los términos de la rescisión.
El 21 de abril, el Ayuntamiento hizo pública una auditoría encargada por Bimsa que confirmó que diversas circunstancias sobrevenidas han provocado un retraso de 19 meses en las obras y un posible aumento del 19,6% respecto al precio de adjudicación.
RECLAMACIÓN AL AYUNTAMIENTO
Las constructoras que forman la UTE a la que se le encargó el proyecto utilizarán dicho informe para reclamar al Ayuntamiento el pago de las obras realizadas hasta el momento. El proyecto fue redactado por el consistorio barcelonés y la auditoría, realizada por el Institut Técnic de la Construcció de Catalunya (IteC), señala que si se hubieran conocido las incidencias antes de inicirse las obras, “se habría tenido un proyecto similar al proyecto modificado que se está redactando actualmente con un coste del orden del ahora valorado en este proyecto modificado”.
La auditoría avala la “contrastada experiencia nacional e internacional del proyectista, pero fue muy optimista a la hora de considerar los condicionantes externos que podían aparecer en fase de obra”, pues la rebaja del 24,31% que realizó en el proyecto limitó los márgenes para actuar ante imprevistos como los ahora conocidos.
Las constructoras no quieren seguir con el proyecto. Es más, según Crónica Global, habrían transmitido hace una semana al consistorio su intención de cesar en los trabajos ante las continuas acusaciones que están recibiendo.