El comisario de Medio Ambiente de la UE, Enrico Brivio, envió este jueves un dictamen motivado a España por los vertidos de las minas de Súria y Sallent, que contaminan el agua del río Llobregat, de la que se abastecen dos millones de personas de la conurbación de Barcelona. Estas minas son explotadas por Iberpotash, empresa propiedad de la multinacional ICL.
La Comisión Europea considera que las autoridades regionales deben velar por que las instalaciones de residuos de la industria extractiva cumplan las directivas europeas. De hecho, ya hace dos años que Europa había advertido a España de la degradación del agua del río Llobregat. “La situación actual sigue causando graves problemas medioambientales como consecuencia de la extracción de potasa. Las autoridades españolas tienen dos meses para contestar. En caso de respuesta insatisfactoria, la Comisión podría presentar este asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE”, dice la nota oficial de Brivio.
A finales de agosto pasado, la Comisión Europea ya había realizado un dictamen en el que obligaba a Iberpotash a devolver 7,8 millones de euros en ayudas públicas que había recibido de la Generalitat durante los últimos años.
Lo cierto es que Iberpotash ha contado con manga ancha por parte de la Generalitat, a pesar de que acumula sentencias en contra de los juzgados de Manresa, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y del Supremo. En 2013, fue el TSJC el que dio la voz de alarma, fallando que la actividad de la compañía en Sallent no se ajustaba al derecho urbanístico. En julio del 2015 fue el Supremo el que ratificaba esa sentencia, imponiendo costas de 12.000 euros a Iberpotash y de 5.000 euros al Gobierno catalán.
UNA MONTAÑA DE RESIDUOS
En aquel momento, la compañía tendría que haber paralizado la extracción de mineral y depurar los vertidos acumulados, materializados en una gran montaña de sal conocida como El Cogulló que jamás dispuso de licencia municipal e incumple todos los ordenamientos. Este vertedero tiene una superficie de 50 hectáreas, con más de 40 millones de toneladas de residuos y una altura que llega a los 500 metros. Para hacerse una idea, esa acumulación de residuos es más alta que una vecina montaña, que sólo tiene 474 metros de altura, por lo que su visibilidad o impacto visual está fuera de toda duda.
La filtración de esos residuos provoca la contaminación de la cuenca del río Llobregat (y de otras de la comarca) y ha dado lugar ya a dos pronunciamientos de la UE sobre el tema. Según los expertos, los residuos se acumulan directamente sobre el suelo y, al no estar éste impermeabilizado, provoca la filtración de una gran cantidad de cloruros en los terrenos adyacentes y en las aguas superficiales y subterráneas. Esa contaminación llega luego al río, aunque antes de consumirse en los hogares ha de potabilizarse para no poner en riesgo la salud de los ciudadanos, con el consiguiente coste añadido.
Montaña de sal de las minas de Sallent
De hecho, el vertido de los residuos de la empresa deberían haberse terminado en junio del año pasado, pero los tribunales dieron un año de prórroga a la compañía para ese cese. De esta manera, también da tiempo a un traslado ordenado de la plantilla de la mina de Sallent a la de Súria y no se ven afectados los puestos de trabajo de la minería de la zona.
DINERO PÚBLICO PARA NO CONTAMINAR
Por si fuera poco, durante años la Generalitat ha estado invirtiendo dinero público en intentar minimizar los depósitos salinos de la comarca del Bages para mejorar la calidad del agua de la cuenca del Llobregat. A través de la Agencia Catalana del Agua, la administración autonómica llegó a invertir más de 300 millones de euros, según los informes que tiene el comisario europeo. La mayoría de esos fondos deberían haber sido asumidos por la empresa explotadora de las minas.
Si ahora no se toman medidas, el Estado español, como responsable subsidiario último, acabará en los tribunales europeos, acusado por las propias instituciones de la UE. De hecho, tras las denuncias de un ingeniero vecino de Sallent, Sebastià Estradé, fallecido hace poco, el tema llegó a Europa, pero también a todas las instancias judiciales españolas.
Gracias a las denuncias de este vecino, los tribunales sentenciaron que Iberpotash debería haber depositado casi 7 millones de euros para hacer frente a los gastos de descontaminación, pero, sorpresivamente, la Generalitat rebajó en un 50% esa cifra y además no exigió un programa de restauración de la zona, tal y como exigía el TSJC. Es más: el Supremo ratificó luego lo que había dicho el tribunal catalán y dictaminó que el programa de restauración del vertedero aprobado por la Generalitat era “ilegal”.
Como ni Administración ni empresa hicieron nada de lo que tanto el TSJC y el Supremo habían ordenado, el conflicto acabó en la mesa del comisario Brivio, que ahora tomará cartas en el asunto.
CONDENA A DIRECTIVOS
Los problemas de la contaminación producida por la minería son muchos. Una denuncia interpuesta por la CUP aseguraba que “numerosos estudios asocian a la minería de la sal como un factor relacionado con los altos índices de cáncer de vejiga que se dan en Súria, Sallent y Balsaren y, municipios que lideran este triste ranking a nivel del Estado español”.
Por ese motivo, fueron procesados altos directivos de la compañía, el secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Enric Llebot; el director de la Agencia Catalana del Agua, Jordi Agustí, y la directora general de Calidad Ambiental del Gobierno catalán, Assumpta Farran. Tres directivos de la compañía fueron condenados a dos años de cárcel por la Audiencia de Barcelona, así como a una multa de 13.500 euros cada uno y a sufragar de forma conjunta el coste económico de la recuperación ambiental hasta eliminar la salinidad y los compuestos que presentan las aguas de toda la cuenca.