La historia negra de las constructoras de Les Glòries (1)

El Ayuntamiento de Barcelona acaba de adjudicar hace tan solo una semana las obras de los nuevos túneles de Les Glòries para zanjar de una vez por todas una de las tradicionales heridas que tiene abiertas la capital catalana. Las adjudicaciones se hicieron a través de la empresa pública Bimsa y de manera fraccionada, con el fin de poder controlar mejor el avance de las obras y para poder seguir más cómodamente que se cumplan los plazos de ejecución.

Además, para prevenir problemas, el equipo de gobierno municipal prefirió primar las ofertas de empresas constructoras no catalanas, con el fin de soslayar las vinculaciones con los escándalos que han salpicado a las principales empresas de la construcción de Cataluña en los últimos años, ya que a través de las investigaciones de los casos 3%, Palau o Pujol se descubrieron ocultas redes de financiación ilegal de Convergència.

Una de los objetivos, pues, era alejar las sospechas de corrupción que pudiera recaer en la adjudicación a empresas “de casa”. Pero el resultado no ha podido ser más grotesco: los escándalos por corrupción de las nuevas empresas adjudicatarias dejan en paños menores las corrupciones locales que se han descubierto los últimos años. Las empresas madrileñas han sembrado de escándalos y de chanchullos medio mundo, han sido denunciadas, han sido expulsadas y han sido embargadas tanto en España como en países de Centro y Sudamérica.

La decisión de Bimsa podría haber partido de una noble intención, pero otra cosa es si podrá llevarse a buen puerto la obra sin que haya interferencias ni problemas por el camino. Las anteriores adjudicatarias, todas catalanas, se plantaron un buen día, cuando descubrieron que los planos de la zona facilitados por el Ayuntamiento de Barcelona estaban mal confeccionados, que alguien había puesto a ojo de buen cubero tanto túneles de ADIF como sifones y que no habían tenido en cuenta la necesidad de reforzar las deficientes obras realizadas hasta ahora en ese importante nudo de comunicaciones que incluso ni siquiera estaban preparadas para soportar la invasión de las aguas freáticas.

LA TRAMA DE LA BASURA

Para las nuevas obras, el Ayuntamiento contará con cinco Uniones Temporales de Empresas (UTE). La más importante es la de Ferrovial y Sacyr, que se encargará del tubo del túnel de mar y montaña por 24,5 millones de euros.

Paradójicamente, la principal compañía implicada, Ferrovial, se vio envuelta en el escándalo del Caso Palau, juzgado recientemente, que implicó penas de cárcel para sus cerebros, Fèlix Millet y Jordi Montull, y que condenó también a Convergència por haberse beneficiado de las mordidas pagadas por Ferrovial a cambio de las obras públicas del la Línea 9 del Metro y de la Ciudad de la Justicia. Ferrovial no fue condenada porque se consideró que sus directivos no habían realizado administración desleal (a pesar de que los donativos a Convergència llegaron a 6,6 millones de euros entre 2000 y 2008) y el delito de tráfico de influencias estaba prescrito.

No es el único caso escandaloso en el que se ha visto implicado este grupo: un juzgado de Vigo investiga una trama que se conoce como la trama de la basura: mediante su filial Cespa, se repartía el mercado de los contratos públicos de la basura. El asunto está todavía en fase de instrucción. La CNMV la llegó a multar, a finales del 2014, con 13,6 millones de euros por estas prácticas. Las empresas con mayores sanciones por el reparto de contratos y su operatividad como auténticos carteles fueron FCC, Valoriza (Sacyr), Urbaser (ACS) y Saica, que tuvieron que abonar multas en su conjunto por un monto de 72 millones de euros.

Sacyr, por su parte, fue la protagonista de sonados escándalos en Colombia y Panamá. En este último país, amenazó con paralizar la ampliación del Canal aduciendo sobrecostos en las obras de 1.600 millones de euros en 2013. La ministra de Fomento, Ana Pastor, tuvo que viajar al país centroamericano para entrevistarse con el presidente Ricardo Martinelli y resolver el conflicto, que amenazaba incluso las relaciones diplomáticas. Según se conoció posteriormente, Sacyr ocultó los sobrecostos en sus balances.

En Colombia, ocurrió algo parecido, al adjudicarse la construcción de una autopista de 625 kilómetros de longitud. La firma española lideró el consorcio Commsa (en el que estaba con ACS), ofertó 70 millones menos que sus competidores y paralizó luego las obras por falta de liquidez. Al final, los accionistas de Commsa tuvieron que devolver al Estado colombiano 77 millones de dólares tras arduas negociaciones políticas del Gobierno español. A raíz de estos casos, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) comenzó a exigir a Sacyr una póliza de cumplimiento y el depósito del 20% del calor de la obra, además de un aval bancario para evitar sorpresas. En el 2017, la ANI inició un proceso para retirar a la constructora española el contrato del Corredor Vial Puerta de Hierro-Cruz del Viso, adjudicado en 2015 y de cuyo buen final desconfía la propia Sacyr.

UN REGUERO DE ESCÁNDALOS

Según una investigación del portal económico Portafolio, Sacyr tuvo que retirarse de dos proyectos: la aludida autopista en la que concurrió bajo la marca de Commsa, y la construcción de la vía Tobiagrande-Puerto Salgar, entre Bogotá y Santa Marta, que podría tener licencias ambientales irregulares. En España, los conflictos también se multiplican. La citada investigación revela que en octubre del 2013, el gobierno de la comunidad autónoma de Murcia retiró la construcción del aeropuerto de la ciudad a la empresa Aeromur, (filial de Sacyr) porque “no cumplió con gestionar las autorizaciones precisas para iniciar la explotación y tampoco se ejecutaron las mejoras reflejadas en la oferta dentro del plan de desarrollo de la zona de actividades complementarias, la de servicios aeroportuarios y la de actividades de centralidad aeroportuaria”. En Chile se le retiró también reci9entemente una obra por retrasos en su ejecución.

En Tenerife, la constructora fue acusada de ser la causante de la subida de un 5% del recibo del agua tras hacerse con el acueducto que gestiona a través de la sociedad Emmasa. En este caso, para la adjudicación de la obra del viario de San Andrés no se siguieron los trámites legales establecidos ni se realizó auditoría externa alguna, tal y como preveían las normas. En Sevilla, Sacyr fue acusada en el 2010 por el Ayuntamiento de la ciudad de no cumplir con los plazos en la remodelación de la plaza de la Encarnación. El retraso de las obras supuso más de 50 millones de euros de quebranto para las arcas municipales. Y en Asturias, obtuvo una adjudicación adicional de 58 millones de euros para poder terminar las obras de un hospital, que acabó costando a las arcas públicas 317 millones de euros.

Sacyr está comandada por Luis del Rivero, uno de los empresarios más controvertidos de la empresa española. Del Rivero fue investigado en el escándalo de la caja B del Partido Popular, pero no fue procesado finalmente por donar 480.000 euros a la formación porque el delito había prescrito. El empresario apareció en los papeles Paradise, al descubrirse que controlaba la sociedad Pacific Portfolio Ltd en el paraíso fiscal de Belice. José Manuel Loureda, antecesor de Del Rivero en el cargo y actual consejero de Sacyr, también aparece en ese paraíso fiscal con la sociedad Devonport Holdings Limited y con Lancefield Finance Ltd, otra empresa que aparece en el caso Gürtel porque recibió pagos de un millón de euros de un imputado vinculado al mayor pelotazo urbanístico de Madrid.