Archivada la causa contra Janet Sanz por el hotel de Drassanes

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, no cometió prevaricación cuando denegó la licencia para construir un hotel de lujo en Drassanes. La jueza titular del juzgado de instrucción número 10 ha archivado la causa contra la regidora municipal presentada por los promotores hoteleros de la cadena Praktik.

El solar en cuestión donde se quiere construir el hotel se encuentra en la confluencia de las calles de Perecamps y el Portal de Santa Madrona. La intención de la cadena Praktik, propietaria de los terrenos desde el 2015, era levantar dos edificios, uno de ellos de 11 pisos, con 190 habitaciones.

Los promotores hoteleros acusaron a Sanz de un delito de prevaricación administrativa por omisión. Sanz se amparó en los informes jurídicos del consistorio para no firmar la licencia, solicitada en junio del 2015, cuando se produjo el cambio de gobierno. Según la jueza, la negativa a conceder la licencia "tiene un fundamento técnico aceptable".

ANULADO EL PLAN DE USOS DE TRIAS

Los servicios jurídicos aconsejaron a Sanz no firmar el permiso porque el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) había suspendido el plan de usos de Ciutat Vella, aprobado por el gobierno de Xavier Trias, que permitía aumentar el número de plazas hoteleras en el distrito. 

Al quedar anulado el plan de usos de Trias, automáticamente entraba en vigor el anterior, aprobado el alcalde Jordi Hereu en 2010 a instancias de la regidora Itiziar González, y que prohibía abrir nueves plazas hoteleras en Ciutat Vella si las existentes no disminuían. Con posterioridad, en enero del 2016, el consistorio puso en marcha el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), que limitaba o directamente prohibía, según las zonas, la apertura de nuevos hoteles y apartamentos turísticos en la ciudad.

Sin embargo, el archivo de la causa contra la teniente de alcalde de Barcelona en Comú no cierra el caso. La anulación del plan de usos del TSJC está recurrrida ante el Tribunal Supremo. Además, los hoteleros han iniciado un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento. Recientemente un informe municipal del distrito de Ciutat Vella cifraba en 41 millones los costes que podría tener para la ciudad si los tribunales dan la razón a los hoteleros y consideran que la negativa a otorgar la licencia de obras fue improcedente.