Los chiringuitos de la playa están en peligro de extinción

El drama en las playas de Barcelona no tiene fin. Los vendedores ambulantes campan a sus anchas y hacen el agosto con sus mojitos, ropa, cervezas, masajes y... ahora también con el alquiler de sombrillas y hamacas. Pasean cargando los objetos que ofrecen a los turistas. Igual que hacen con los paraguas en las puertas de los monumentos emblemáticos, pero en este caso en la playa, bajo un sol infernal. Todo esto con la complicidad de la Guàrdia Urbana y el Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por Ada Colau.

Ante tal situación de competencia desleal, algunos empresarios de la playa se han visto obligados a contratar seguridad privada para ahuyentar a los vendedores que merodean cerca de sus negocios. Algunos de ellos aseguran que la vigilancia policial es insuficiente y quieren alertar a los turistas que se acercan a los chiringuitos de cuál es el panorama.

De este modo, para los comerciantes es cada vez más complicado obtener beneficios. En Barcelona la concesión de chiringuitos es de 600.000 euros anuales, una inversión que la presente situación irregular pone en riesgo. Algunos de ellos calculan que hoy en día pierden un 30 % que se llevan los vendedores ambulantes y no saben si podrán seguir con el negocio veraniego durante más años.

UN ARMA DE DOBLE FILO

Este conflicto se suma a las medidas que impulsó el consistorio a finales de mayo. Con el fin de evitar la saturación –que no se ha conseguido– decidió reducir el número de chiringuitos, sombrillas y hamacas en las playas de la ciudad.

Los números quedan así: un 25 % menos de chiringuitos, 15 unidades frente a las 20 del verano pasado. Las sombrillas se han reducido un 75 %, descendiendo de las 2.300 unidades en 2017 a las 575 de este año, también hay un 50 % menos de hamacas, pasando de las 2.300 de 2017 a las 1.150 de 2018. Son solo algunas de las 39 medidas que el gobierno barcelonés impulsó.

Además, todos los chiringuitos de playa están obligados a servir las bebidas con vasos reutilizables desde el 1 de junio para conseguir "el residuo cero en las playas". Una iniciativa que, por innovadora que parezca, implica un coste mayor y más uso de plástico. En este contexto, los vendedores ambulantes han visto la oportunidad de oro para hacer negocio de todas las formas posibles. Y, claro, con impunidad.