El pasado miércoles, el gobierno de Ada Colau logró los apoyos necesarios para aprobar en la comisión de Urbanismo la normativa que obligará a los constructores de nuevas promociones inmobiliarias en Barcelona -o de grandes rehabilitaciones de edificios- a destinar un 30% de las viviendas a pisos sociales. Los comuns contaron con el apoyo de, PSC, ERC y los dos regidores no adscritos, Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé.
La medida no ha gustado nada a los promotores y constructores. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE), Lluís Marsà, ha dicho que la normativa que impulsa Colau "va contra la ley catalana de urbanismo y la ley estatal del suelo". "Entendemos que ni la legislación urbanistica catalana ni la estatal habilitan al Ayuntamiento de Bacelona para regular en esta materia", subraya Marsà en la publicación Habitatge i Futur. Los constructores están en guerra con Colau y la APCE no descarta emprender acciones legales si la propuesta se acaba aplicando, algo que, ahora mismo, parece difícil que no sea así.
La propuesta de Colau tiene que pasar el próximo viernes el trámite del pleno municipal, donde tiene garantizada la mayoría absoluta si cuenta con los mismos votos que en la comisión. Posteriormente, la iniciativa se elevará a la subcomisión de Urbanismo, un órgano del que forma parte la Generalitat de Catalunya. Si bien representantes del PDeCAT del Govern autonómico, como la consellera Elsa Artadi, no ven con buenos ojos la medida, la subcomisión no debería poner trabas a la aplicación si la propuesta técnica presentada por el Ayuntamiento es correcta. "La subcomisión no es un órgano político", afirman fuentes municipales.
ANTICIPACIÓN DE PROYECTOS
Por ahora, asegura Marsa, la intención de Colau ha tenido un efecto que era fácilmente previsible: "Se están solicitando muchas licencias de obras para anticiparse a la puesta en marcha de la normativa y poder esquivarlo. Esto se está precipitando. Sabemos que se están presentando más proyectos o anticipando la presentación de proyectos", ha subrayado Marsà, en declaraciones a la agencia Efe. Metrópoli Abierta se ha puesto en contacto con la APCE para conocer cómo se estaba concretando este aumento de peticiones de licencias, pero la asociación de constructores no ha facilitado ningún dato.
Pisos en construcción en Barcelona / EUROPA PRESS
Otras repercusiones que la medida puede tener es que "lejos de solucionar el problema, provoque una parálisis en la actividad el sector" y "añadir más presión sobre los precios, debido al desequilibrio que generará entre la oferta y la demanda", ha escrito Marsa en Habitatge i Futur. En el mismo artículo, el presidende de la APCE asegura que los promotores privados ya construyen viviendas de proteción oficial y cifra en 2.455 los pisos públicos levantados entre 2013 y 2017, "más de la mitad de los iniciados en Catalunya" en ese periodo.
Según Marsà, propietario de la promotora La Llave de Oro, la obligatoriedad de destinar el 30% de las nuevas promociones a pisos sociales no afectará en toda la ciudad. Algunas zonas explica que ya tienen su propia carga de vivienda protegida. Este sería el caso de barrios o puntos de la ciudad como Glòries, La Marina del Prat Vermell o Vila Olímpica. En cambio, uno de los distritos que se vería afectado es el Eixample.
TRANSFORMAR ZONAS INDUSTRIALES
El presidente de la APCE ha instado al Ayuntamiento de Barcelona a "tomar ejemplo" de la ciudad vecina, Hospitalet de Llobregat, y "transformar algunas zonas industriales bastante obsoletas en zonas residenciales. Tenemos que preparar suelos para que, si hay demanda, podamos urbanizar y de esta forma evitar las tensiones de precios", ha valorado a Efe.
Marsà entiende que para atender la demanda de vivienda en Barcelona, y especialmente la de protección oficial, "es preciso considerar el ámbito metropolitano, a efectos de tener un territorio de dimesiones más razonables y equiparables a otras ciudades como Madrid, París o Londres, y poder disponer de un abanico más diversificado de opciones de acceso a la vivienda". El ámbito metropolitano tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas de protección oficial, subraya el presidente de la APCE citando el borrador del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge.