Los constructores se verán obligados a destinar el 30% de los pisos de las nuevas promociones de Barcelona a viviendas sociales. La Generalitat y el Ayuntamiento han llegado a un acuerdo para que la medida salga adelante. Este miércoles por la tarde, se reúne la subcomisión de Urbanismo de la ciudad que debe ratificar la medida aprobada por el pleno municipal el pasado septiembre con los votos a favor de Barcelona en Comú, PDeCAT, ERC, PSC, CUP y los regidores no adscritos (Juanjo Puigcorbé y Gerard Ardanuy).
A las 17.30 horas está previsto que la alcaldesa Ada Colau y el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, comparezcan ante la prensa para dar a conocer los detalles de la medida. Las últimas semanas se han intensificado los contactos entre las dos administraciones después de que en la última reunión de la subcomisión la iniciativa quedara en suspenso por falta de acuerdo. Calvet dijo que la propuesta tenía que ser "impecable" a nivel técnico y jurídico antes de ser sometida a votación.
350 PISOS SOCIALES AL AÑO
La propuesta aprobada es pionera en España y permitirá disponer cada año de unos 350 pisos sociales nuevos en la ciudad. En el caso de los pisos de alquiler, el precio se moverá en unos 500 euros al mes, y de venta, a unos 130.000 euros, según declaró hace unos meses la regidora de Urbanismo, Janet Sanz.
La medida no gusta nada a los contructores y promotores de pisos. El pasado septiembre, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE), Lluís Marsà, dijo que la norma aprobada por el Ayuntamiento vulneraba a ley catalana de Urbanismo y la Ley Estatal del Suelo y que entendían "que ni la legislación urbanistica catalana ni la estatal habilitaban al Ayuntamiento de Barcelona para regular esta materia".