La oposición fuerza a Colau a un nuevo pleno sobre el conflicto de las terrazas.

La oposición fuerza a Colau a un nuevo pleno sobre el conflicto de las terrazas.

El pulso de la ciudad

El conflicto de las terrazas pone a Colau de nuevo contra las cuerdas

PDeCAT, Ciutadans, PSC y PP fuerzan un pleno por la guerra con los restauradores en Ciutat Vella

18 diciembre, 2018 23:35

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El conflicto de las terrazas, lejos de apaciguarse, se aviva en Barcelona. El problema está en las calles de la ciudad, pero también en el Ayuntamiento, donde la oposición forzará al gobierno de Ada Colau a convocar un nuevo pleno extraordinario. El acuerdo de la Junta de Portavoces es que el citado Consejo Plenario se celebre el 9 de enero, pero la fecha podría cambiar. También se han puesto sobre la mesa los días 21 y 24 de diciembre (en el caso del día 21 tras el pleno ordinario). Los cuatro grupos que obligarán a la alcaldesa a volver a abordar la guerra con los restauradores son PDeCAT, Ciutadans, PSC y PP. En total, las formaciones suman 21 concejales, la mayoría en el consistorio barcelones.

Hace poco más de un año, Colau y los restauradores firmaron la paz, tras dos años y medio de enfrentamiento por la masiva retirada de mesas y sillas, presuntamente por incumplir la normativa. El pasado junio, el pleno municipal aprobó una nueva Ordenanza "más flexible". Pero seis meses después, la situación se ha enrarecido de nuevo, especialmente en el distrito de Ciutat Vella, según figura en el documento firmado por los cuatro grupos municipales y al que ha tenido acceso Metrópoli Abierta.

INSEGURIDAD Y CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS

Según el texto municipal, la actuación del distrito de Ciutat Vella, con retiradas de mesas y sillas y clausura de terrazas, "contradice el espíritu del pacto de terrazas alcanzado entre el gobierno municipal, los grupos de la oposición, los regidores no adscritos y el sector afectado", y ha generado un clima de "inseguridad" entre los profesionales de la restauración. En el documento, además, los cuatro grupos políticos detallan que la conflictividad se ha traducido "en la interposición de nuevos recursos contenciosos administrativos" contra el Ayuntamiento de Barcelona que pueden suponer un perjuicio para las arcas municipales.

La propuesta firmada por PDeCAT, Ciutadans, PSC y PP fuerza a Colau a convocar un pleno extraordinario en el que se debatirá y se someterá a votación la constitución de una comisión especial de seguimiento que vele por la aplicación de la Ordenanza de terrazas en Ciutat Vella, para aclarar "las circunstancias en que se está produciendo la toma de decisiones este año en relación con las licencias". Para estos partidos, el conflicto entre los restauradores y el gobierno municipal "ha influido negativamente sobre la competividad del tejido empresarial, especialmente de Pimes, autonómos y negocios familiares".

Una terraza en el paseo de Joan de Borbó de la Barceloneta.

Una terraza en el paseo de Joan de Borbó de la Barceloneta.



¿EXCESO DE CELO DE GALA PIN?

El objeto de la comisión es determinar "la adecuación a la normativa vigente de las medidas adaptadas por el distrito de Ciutat Vella sobre las terrazas en 2018", o lo que es lo mismo saber si la regidora Gala Pin se ha excedido en la aplicación de la norma. Entre otros aspectos, la comisión analizará el deber de la administración local de fomentar, apoyar e impulsar la actitivad económica vinculada a las terrazas, la obligación del Ayuntamiento de resolver -los procedimientos abiertos- "de manera expresa y dentro del periodo legalmente previsto", y la obligación "de la administración local de motivar los actos que limiten derechos sujetivos o intereses legítimos".

Los grupos han acordado que el presidente de la comisión sea el regidor del PDeCAT, Raimond Blasi, y el vicepresidente, Koldo Blanco, concejal del grupo de Ciutadans. La formarán dos concejales de cada partido y los regidores no adscritos del consistorio, Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé. El trabajo de la comisión se llevará a cabo entre dos y cuatro sesiones entre las cuales se intentará que no haya más de 30 días hábiles. La comisión obligará a comparecer a Gala Pin y a personas ajenas a la estructura municipal, entre otros a profesionales del sector de la restauración.

El documento está firmado por el exalcalde Xavier Trias, Mercè Homs, Raimond Blasi, Sònia Recasens y Jordi Martí, todos del PDeCAT; Javier Muilleras, del PP; Montserrat Ballarín y Daniel Mòdol, del PSC, y Marilén Barceló, Francisco Sierra y Koldo Blanco, los tres de Ciutadans.