La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha detallado este lunes que 481 personas viven en asentamientos irregulares en la ciudad. Esta cifra supone 50 personas menos que a principios de 2018. El Ayuntamiento ha triplicado los recursos para atenderlas, tal y como ha explicado Ortiz a petición de Cs en comisión municipal.
Ortiz ha destacado que la política del Ayuntamiento es asegurar el seguimiento y la atención social de estas personas, y no expulsarlas, como hacen otras ciudades: "Nosotros somos una ciudad que quiere acompañar a estas personas, que ya se han visto expulsadas de otros lugares de Europa".
LLEGADAS EN AUMENTO
Ha subrayado que el número de personas que llegan a la ciudad va en aumento y que eso no depende del Ayuntamiento. Sí depende del consistorio la atención que reciben estas personas, ha dicho en la comisión de Derechos Sociales, presidida por primera vez por la republicana Gemma Sendra, que sustituye a Montserrat Benedí, que entró como edil tras la marcha del ahora conseller Alfred Bosch.
Marilén Barceló (Cs) ha criticado que "se está pasando de los 'narcopisos' a los 'narcocoches' y a los 'narcocampamentos", como el del solar donde debe construirse un hotel en Drassanes, ante lo que Ortiz le ha preguntado si lo que proponen es abordar el asunto como hizo el exprimer ministro francés y alcaldable con apoyo de Cs, Manuel Valls.
EN AUMENTO
La concejal del PDeCAT Maite Fandos ha asegurado que el anterior mandato de Xavier Trias empezó con 736 personas en asentamientos y lo terminó con 384, que ahora han vuelto a aumentar hasta 481: "Vinieron aquí a arreglarlo todo, y lo están estropeando todo". La socialista Carmen Andrés ha asegurado que hay más personas viviendo ahora en asentamientos irregulares que en barracas en los años 90, a lo que Ortiz ha respondido: "¿Cómo se resolvieron las barracas? Con urbanismo que excava y echa a las personas".
La republicana Montserrat Benedí ha pedido más definición en el modelo de Barcelona en la atención a las personas, mientras que Alberto Villagrasa (PP) ha sostenido que la situación está peor que nunca: "Venían un poco de salvapatrias, y hay más personas en los asentamientos". Desde la CUP, Maria Rovira ha resaltado que el asunto requiere soluciones complejas, porque es consecuencia de una mala distribución de la riqueza, mientras que el concejal no adscrito Gerard Ardanuy ha criticado la "incapacidad" del ejecutivo municipal de presentar medidas, y el también no adscrito Joan Josep Puigcorbé ha pedido detalles sobre el aumento de recursos.
OCUPACIONES ILEGALES
En una comparecencia posterior sobre ocupaciones ilegales a petición del PP, el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha explicado que más del 70% de los pisos ocupados en Barcelona son de entidades bancarias, y ha dicho que el Ayuntamiento actúa inmediatamente cuando alguien entra en pisos de su parque público, con 12 casos en 2017 y 36 en 2018.