Los catalanes tiran cada año 35 kilos de comida a la basura

Cada ciudadano catalán tira cada año 35 kilos de comida a la basura. La cifra es la media por habitante de las 262.471 toneladas de alimentos sólidos que anualmente se echan a perder en Cataluña y que se podrían haber aprovechado. El 58% de todo lo que se desperdicia es a nivel particular. Según las entidades sociales de la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada, que forman parte del Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, con esta cantidad se podría alimentar a medio millón de personas durante todo el año.

Con el objetivo de dar la vuelta a la siutación, el colectivo ha pedido a la Mesa del Parlament de Catalunya que retome el proceso para aprobar la proposición de ley para reducir el despilfarro alimentario. La iniciativa se presentó el 6 de febrero de 2018, "pero desde junio el periodo de alegaciones a la totalidad se ha ido prorrogando", dice la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada en un comunicado en el que también lamenta el retraso del debate parlamentario sobre la ley.

COMPARECENCIA EN EL PARLAMENT

Las entidades sociales contra el despilfarro alimentario, que reclaman políticas que minimicen los excedentes y de ocupación de inserción socialaboral, se ofrecen a asesorar a los distintos grupos políticos del Parlament y piden hacer un seguimiento de las alegaciones propuestas y comparecer en el hemiciclo para exponer su posicionamiento.

El despilfarro alimentario es la comida que se pierde o se tira a lo largo de toda la cadena, desde el campo hasta los domicilios. La industria, los comercios y las actividades agrícolas generan más alimentos de los que se pueden comercializar por diferentes razones: defectos de envase, fecha a punto de caducar, sobreproducción, dificultad para comercializar alimentos aptos con defectos de calidad...

Según las entidades sociales, algunos de los criterios para reducir el despilfarro alimentario son evitar la producción de excedentes, buscar e impulsar alternativas para que los productos puedan llegar al conjunto de la población, facilitar la aparición de proyectos innovadores para dar salida a los excedentes alimentarios, orientar a las tiendas y a los centros de distribución hacia la reducción del malbaratamiento y no impedir la comercialización de los productos alimentarios procedentes de donaciones.