La lucha del taxi adaptado en Barcelona está reducida a este transporte. Guillermo Egido, presidente de la Fundación Disgrup, ha sido el encargado de llevar la voz cantante ante esta problemática, y la ha hecho extensible a todo el transporte público que opera en la capital catalana. Pese a que acudió en primera instancia al Ayuntamiento, no obtuvo respuesta alguna del consistorio de Colau, motivo por el cual optó por interponer una denuncia administrativa a esta administración y, también, acudir a otros entes para encontrar el apoyo que no consiguió en la capital catalana.
AYUNTAMIENTO
Tras ser ignorado por el consistorio barcelonés, Egido optó por la vía de la denuncia administrativa al Ayuntamiento. En ella, expuso una "presunta discriminación, vulneración de derechos o trato desigual a personas con discapacidad y/o sus familias por la falta de accesibilidad de los servicios de transporte público y su entorno de la ciudad de Barcelona". Concretamente, se referencian estaciones de las "líneas 1, 2, 3 y 5" del suburbano, así como los "problemas en las plataformas de acceso" en autobuses de TMB y el incumplimiento del "porcentaje mínimo de licencias adaptadas para personas con discapacidad" en el servicio de taxi.
En la misma línea, se explica que la falta de accesibilidad impide a las personas con discapacidad que "puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos".
Por todo ello, y como presidente de Disgrup, Egido solicitó que se llevaran a cabo "las medidas oportunas para acabar en la ciudad de Barcelona con las barreras que suprimen la accesibilidad de los transportes referenciados", así como que se les considere "parte del procedimiento incoado" y les sean comunicados los actos realizados "como consecuencia de las actuaciones administrativas" que se produjeran.
FISCALÍA PROVINCIAL Y BARCELONA TURISME
Trasladado el caso a la Fiscalía Provincial de Barcelona, la fiscal Juana Mª García González redactó que "valoradas las manifestaciones efectuadas en el escrito presentado por el Sr. Egido Conde no cabe estimar que aquellas, en sí mismas consideradas, constituyan indicios racionales suficientes de la existencia de infracción penal alguna susceptible de acordar la práctica de diligencias investigadoras de esta naturaleza y ello por cuanto la situación que el denunciante expone tiene su encaje exclusivamente en el ámbito del derecho administrativo". Además, indica, que contra este decreto "no cabe recurso alguno".
En cuanto a Barcelona Turisme, pese a no contar con una respuesta, el denunciante solicitó que ejerciera un papel de mediación con el consistorio para solucionar esta problemática.
SÍNDIC Y DEFENSOR DEL PUEBLO
Otro de los organismos a los que Egido ha acudido a lo largo de los primeros meses del año ha sido el Síndic de Greuges de Catalunya. Tras denunciar la presunta "discriminación, vulneración de derechos y trato desigual a las personas con discapacidad y/o a sus familias", por la falta de accesibilidad a los servicios de transportes públicos, el Síndic indicó la necesidad de "dejar transcurrir un periodo prudencial para recibir respuesta", tras lo que invitó al denunciante a volver a presentar la queja más adelante en caso de no recibir respuesta de la administración.
El Defensor del Pueblo, en cambio, admitió a trámite esta queja e indicó a Egido, a fecha de 15 de abril, que "iniciada la actuación con el Ayuntamiento de Barcelona, se le dará cuenta del contenido de al información que se reciba y los trámites que sigan".
PRESIDENCIAS
Tanto el Departament de Presidència de la Generalitat como el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad también fueron lugares a los que Egido dirigió sus peticiones. El presidente de Disgrup adjuntó, en ambos casos, una copia de la denuncia interpuesta al consistorio de Colau.
Tras estas demandas, el denunciante tan solo ha obtenido un acuso de recibo por parte del Gobierno.
ZARZUELA Y COMISIÓN EUROPEA
La Casa de S.M El Rey recibió una solicitud de intercesión ante el Ayuntamiento "por el incumplimiento de la normativa de accesibilidad para personas con discapacidad".
En este caso, el presidente de Disgrup sí obtuvo respuesta por parte del Gabinete de Planificación y Coordinación del organismo. En ella, y a fecha del 20 de junio, se comunicó que no sería posible acceder a su solicitud "ya que el asunto que plantea está fuera del ámbito de actuación de esta Casa".
Finalmente, Egido también puso el caso en conocimiento de la Comisión Europea, órgano desde el que por el momento no se puede actuar debido al trámite administrativo con el consistorio barcelonés.
GRAN MOVILIZACIÓN
Barcelona será el escenario de una gran movilización en favor del taxi adaptado, así como del transporte público en términos generales. La iniciativa para llevar a cabo esta manifestación viene de la mano de la Fundación Disgrup, en conjunto con la Asociación Derecho Accesible, la Fundación Step by Step, Junts Autisme y Asperger NewLife.