Las familias que viven en el edificio Venus de La Mina de Sant Adrià de Besòs han lanzado una campaña de micromecenazgo para costear el proceso judicial contra el Consorcio del barrio, al que exigen 5,7 millones de euros por dos décadas de demora en la adjudicación de nuevos pisos.
Se trata de 57 familias que están buscando unos 12.800 euros para contratar a los abogados que les asesoran en el caso, pertenecientes al colectivo Ronda. También quieren continuar reclamando una indemnización por daños y prejuicios al Consorcio de La Mina, formado por los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià y por la Generalitat y la Diputación.
OBJETIVO VENUS
Los vecinos se consideran "cautivos y en un agujero negro" por la "parálisis del proceso de expropiación", además de por la falta de alternativas habitacionales. "Esta larga espera no ha hecho más que agravar la situación del edificio", han asegurado a EFE fuentes de la asociación Objetivo Venus, creada para ayudar a las familias afectadas. También es la impulsora del proyecto de micromecenazgo, que han lanzado este martes en la plataforma Goteo.
Desde la entidad lamentan que "la venta y el consumo de drogas, la insalubridad, las ocupaciones y el incivismo hayan roto el pacto social" en el inmueble y piden "acabar con la perpetuación del daño social, recuperar el valor de lo común y devolver la responsabilidad política a la administración".
ORIGEN DEL CONFLICTO
El conflicto que viven estos vecinos se remonta a 2002, cuando se aprobó el Plan Especial de Reordenación y Mejora del Barrio de La Mina (PERM), que preveía, entre otras medidas, la expropiación de los pisos del edificio Venus y el realojo de las familias, proyecto que no vio luz verde hasta siete años después. Sin embargo, se puso entonces como condición a los vecinos que pagasen 34.000 euros como préstamo hipotecario privado para acceder a los nuevos pisos, lo que provocó que la totalidad de los moradores presentasen alegaciones que fueron finalmente desestimadas.
Ante esta situación, el Consorcio anunció que, en lugar de derrocar el edificio, se rehabilitaría para que los vecinos pudiesen continuar residiendo en él pero, tal como denuncian los moradores, ni se ha cumplido esta promesa ni se ha tramitado el expediente al Jurado de Expropiación de Cataluña. Es por eso, en 2016, las familias ya reclamaron 2,7 millones de euros mediante una demanda que acabó siendo desestimada por cuestiones de forma.
Como han señalado fuentes del colectivo Ronda a EFE, el periplo judicial ha hecho que algunos vecinos hayan acabado desistiendo y que los pocos que tenía una alternativa acabaran abandonando el edificio por las condiciones de "insalubridad", aunque también hay moradores afectados por la inacción administrativa que todavía no se han sumado a la iniciativa.