Conflicto por el copago para discapacitados

Una resolución judicial ha puesto al Departament de Treball, Afers Socials i Families en una situación comprometida. El pasado mes de abril, la institución emitió una resolución de ingreso en el servicio de atención residencial para personas con discapacidad que ha tenido que ser modificada con posterioridad, teniendo que devolver importes de copagos cobrados a las familias.

COPAGO DE USUARIOS

La Generalitat explicitó que aquellos usuarios incapacitados judicialmente que perciben una prestación por hijo a cargo como complemento de tercera persona debían hacer una aportación a este servicio, establecida en 183 euros mensuales desde el 1 de diciembre de 2014.

Pese a ello, una familia barcelonesa trasladó este asunto a un juzgado, cuyo fallo dejó sin efecto la obligación del usuario "de contribuir con 184 euros mensuales al servicio de residencia permanente para personas con discapacidad" que se establecía en las resoluciones.

Pese a tratarse de un proceso judicial iniciado y finalizado por un particular, el fallo puede es aplicable a las familias que se encuentran en esta misma situación en toda la comunidad autónoma, por lo que el gobierno catalán tuvo que abonó los copagos realizados desde la sentencia.

DESDE JUNIO

A partir de esta sentencia, que data del pasado mes de mayo, las familias afectadas recibieron las cuantías correspondientes desde junio en adelante, ya que el Departament emitió una resolución de revisión económica del programa individual de atención en el que se resolvía que los efectos económicos se producían desde el 1 de junio de 2019 con un copago de 0,00 euros.

Mediante esta modificación, perteneciente al pasado mes de octubre, la Generalitat no retornó a las familias los copagos de 183 euros mensuales desde diciembre de 2014, sino que lo hizo sobre las aportaciones de los usuarios en los últimos meses.

FAMILIAS AFECTADAS

Pese a que la sentencia tuvo lugar a partir del proceso iniciado por parte de una familia barcelonesa, esta medida tiene afectación sobre el total de la población catalana, sumando decenas de casos por toda la comunidad.

En la misma línea, algunas familias critican una reducción en la aportación facilitada mediante la Ley de Dependencia, que en casos concretos aseguran que actualmente reciben cantidades comprendidas entre los 6 y los 9 euros teniendo a sus hijos en Centros de Día de Terapia Ocupacional, unas aportaciones que critican, de manera evidente, que resultan más que insuficientes para cubrir las necesidades de los usuarios.