El Gobierno de Ada Colau ha arrancado este mandato con el punto de mira fijado en dos infraestructuras clave de la ciudad: el Puerto y el Aeropuerto de Barcelona. Los miembros del gobierno municipal han achacado a ambos enclaves de los altos niveles de contaminación en la ciudad.
La alcaldesa Ada Colau y sus concejales y miembros de su partido Janet Sanz y Eloi Badia han liderado hasta ahora la guerra contra el Puerto y Aeropuerto. Mientras, su socio de gobierno, el PSC, mantiene un discreto silencio sobre el asunto.
LOS CONCEJALES, SIN PUENTE AÉREO
Más allá de las meras declaraciones sobre el cambio climático, la semana pasada Eloi Badia sorprendió con una propuesta encaminada a reducir la contaminación: eliminar el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Tras lanzar el globo sonda, este martes el concejal de Emergencia Climática ha anunciado junto a Janet Sanz una acción simbólica contra el puente aéreo: prohibir a partir de mañana miércoles a todos los concejales de su gobierno ir a Madrid en avión, entre otras conexiones por aire.
La medida no sólo afecta a los ediles de BComú y PSC: también a cargos de empresas municipales y organismos autónomos. De esta forma, el Ejecutivo local veta al personal municipal utilizar el avión para desplazarse a distancias inferiores a 1.000 kilómetros que tengan alternativas ferroviarias inferiores a siete horas, menos en casos excepcionales.
SIN COMPETENCIAS
Esta iniciativa es una de las pocas que puede aplicar de forma inmediata el consistorio barcelonés de todas las propuestas presentadas este martes en rueda de prensa para reducir las emisiones contaminantes. Y es que pese a la insistencia de Colau en proponer limitaciones a barcos y aviones, lo cierto es que el Ayuntamiento no tiene competencias sobre ninguna de las dos instituciones.
El Aeropuerto está gestionado por Aena y depende del Estado, mientras que el Port de Barcelona está dirigido principalmente por la Generalitat y en menor medida el Estado. Aun así, el gobierno local ha propuesto una batería de propuestas, que se llevarán a la mesa de emergencia climática. En la misma están presentes el Puerto, el Aeropuerto, el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, entre otros. A continuación desgranamos las medidas:
FISCALIDAD
Una de las vías para penalizar a ambas instituciones es la presión fiscal. Ello repercutiría directamente sobre el bolsillo del consumidor, aumentando los precios de los billetes para coger un avión o barco. En el caso del Aeropuerto, el Consistorio quiere trabajar con el Estado para eliminar las exenciones sobre el queroseno en la Unión Europea, tanto en vuelos internos como en el espacio aéreo común. Esta práctica ya está extendida en países como Japón o Estados Unidos, que cuentan con impuestos sobre el queroseno en vuelos internos. Aun así, esta labor recae a nivel competencial sobre el nuevo Gobierno de Sánchez e Iglesias y no sobre el de Colau.
Para el Puerto, el Ayuntamiento propone una fiscalidad ambiental que penalice los barcos más contaminantes, aunque apenas se han dado detalles al respecto.
ELECTRIFICACIÓN
Otro de las lineas de presión del gobierno de Colau hacia el Puerto y el Aeropuerto es avanzar en la electrificación de ambas infraestructuras e impulsar la generación de energías renovables. Al Aeropuerto le pide electrificar las flotas de tierra e instalar más de 400.000 metros cuadrados de paneles solareso. Asimismo, también demanda la electrificación de la flota de taxis y de autobuses, en especial el aerobús, y se reclama una gestión de los aparcamientos con criterios ambientales. En este sentido, el consistorio reclama penalizar a los usuarios que aparcan su vehículo en el Aeropuerto.
Al Puerto le pide que emprenda la electrificación tanto de los barcos como de las empresas que operan en él. También que electrifique los diferentes muelles del puerto, maquinaria de tierra y flotas cautivas para reducir al máximo las emisiones.
REDUCIR EL NÚMERO DE BARCOS
Otra de las propuestas que ha puesto encima de la mesa el gobierno municipal es la reducción del número de barcos y cruceros que hacen escala en la ciudad. Una medida que afectaría directamente a las cuentas del Port de Barcelona. Así, el consistorio pide reducir el número de terminales, cuando la tendencia hasta ahora ha sido aumentar su capacidad operativa.
Por último, quieren impulsar el despliegue del Área de Control de Emisiones (ECA, en inglés) del Mediterráneo para reducir el número de barcos y las emisiones que generan. El objetivo es la protección de los ecosistemas marinos y las regiones costeras.
Todas estas medidas tienen como objetivo que ambas instituciones logren mejorar la cantidad de energía procedente de fuentes renovables de cara al 2020 (40MWp Aeropuerto 42MWp Puerto).
Según los datos del Ayuntamiento de Barcelona, el Puerto emite un total de 5,3 toneladas de CO2 anuales y el aeródromo 7,6 millones. En conjunto, la actividad vinculada a las dos instituciones genera un total de 12,9 toneladas anuales de CO2, cuatro veces las emisiones totales de CO2 emitidas por la ciudad de Barcelona.
Niveles de contaminación producidos por el Puerto y Aeropuerto / AJUNTAMENT DE BARCELONA