La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, recibió el año pasado 149 quejas por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La cifra supone un incremento notable respecto a 2018, cuando la defensora solo se hicieron efectivas ocho reclamaciones, y las 20 de 2017. Ésta es una de las principales novedades del balance anual de quejas de la defensora. En 2019, Vilà hizo 3.678 actuaciones, de las que 1.720 fueron quejas (lo que incluye los asesoramientos técnicos por parte del personal de la Sindicatura), 1.923 consultas y 26 actuaciones de oficio.
Según la síndica, la mayoría de reclamaciones por la ZBE no son contra la medida en s´sino sobre aspectos particulares que se deriva de ella: ciudadanos que no se pueden adaptar a la ZBE por dificultades económicas, poca previsión para poder cambiar de vehículo, quejas de gremios profesionales sobre las flotas de coches, vehículos clásicos, vecinos de fuera de la ciudad que trabajan en Barcelona, problemas con las etiquetas ambientales y aspectos sobre cómo se ha llevado el procedimiento. La síndica ha abierto una actuación de oficio.
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN TARDÍA
Vilà ha lamentado que, pese a que hace tiempo, que se anunció la ZBE, "la campaña de difusión y la recepción de alegaciones no comenzó hasta noviembre de 2019", dos meses antes de la puesta en marcha. La síndica considera que la ZBE es buena y aplaude "el fondo y la finalidad". "La atmósfera es un bien común indispensable, un recurso vital y hay que tomar medidas para minimizar los daños que la contaminación puede generar en la salud humana".
Por ámbitos, la quejas a la síndica se distribuyen de la siguiente manera: transporte público y circulación (340), medio ambiente (191), vivienda (160), servicios sociales (128), educación, cultura y deporte, (129); procedimientos administrativos (94); urbanismo (89), seguridad ciudadana (83); hacienda municipal (77), actividades económicas (57); espacio público (43), función pública (41), atención, comunicación y participación (36); accesibilidad (29), ciudadanía, vecindario e inmigración (29), y sanidad y salud pública (22). Otras 207 quejas eran no competenciales.
La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà / EUROPA PRESS
PISOS DE EMERGENCIA SOCIAL
En rueda de prensa, la síndica ha alertado de la ralentización en la asignación de una vivienda para familias desahuciadas. Actualmente, hay un total de 612 familias esperando un piso de emergencia social. La cifra, como denunció Metrópoli Abierta, no para de crecer. En muchos casos, estas personas ya tienen la casa aprobada. Los ciudadanos también se han quejado de los incumplimientos por parte de la empresa prestadora en el Servicio de Atención Domiciliaria.
Sobre el despliegue definitivo de la Ordenanza de protección, tinencia y venta de animales, la síndica ha reclamado de "manera urgente y definitiva" el despliegue de la norma "y establecer de forma expresa una limitación horaria en el uso de las áreas de recreo para perros en zonas cercanas a viviendas para garantizar el descanso nocturno de los vecinos".
"RETRASO CRÓNICO" DE LA T-MOBILITAT
Vilà también ha criticado el retraso crónico de la T-Mobilitat, la tarjeta unipersonal de transporte que debe sustituir de manera gradual a los títulos de transporte existentes. "Nos encontramos ante reiterados incumplimientos en las previsiones de implantación. Constatamos que a principios de 2020 todavía no se ha puesto en marcha", ha subrayado la defensora. Ahora, el nuevo calendario para la puesta en marcha de la T-Mobilitat es en abril de este año, pero solo en una fase inicial.
A lo largo de 2019, las quejas por contaminación acústica han subido notablemente respecto a 2018. 100 frente a 63. Los principales motivos de reclamación son molestias por bares y terrazas, ruido por la recogida de residuos y de aires acondicionados. Entre otras de las soluciones propuestas, la defensora ha recomendado "actuar de forma proactiva mediando entre las personas afectadas".