Hace un año, el alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, acudía al Parlament para exponer a los partidos políticos la dramática situación del barrio de La Mina, el polvorín a caballo entre Barcelona y Sant Adrià que es el paradigma de lo que no debe de ser un barrio. “Diez mil vecinos soportan una presión por el consumo de drogas muy superior a la de Barcelona, que tiene 1,6 millones de habitantes”, denunciaba Callau, poniendo sobre la mesa el hecho de que el 67% de los toxicómanos atendidos en La Mina son de Barcelona y sólo el 25% son vecinos de Sant Adrià. Las cifras son inquietantes: cada día se recogían en la zona 93 jeringuillas. Y la sala de venopunción atendía a 2.000 usuarios en 2017, una cifra muy similar a la del Raval.
La degradación del barrio queda patente con los crudos números estadísticos: el 92% de los pisos son sociales; el 70% de ellos tienen la luz pinchada; el 25% de sus habitantes son usuarios de servicios sociales; el absentismo escolar llega al 70% en la enseñanza secundaria…
FALLAN LOS PLANES
Y hay otro dato no menos inquietante: los tradicionales clanes que había en esta zona se han visto convulsionados con la llegada de violentos grupos organizados o mafias de la Europa del este, principalmente georgianos, que se han hecho con un hueco en el panorama delictivo de la ciudad.
Ante este panorama, la situación es desesperante. Nadie duda de que el índice de criminalidad de la Mina es uno de los más elevados del área metropolitana de Barcelona. Mossos y Guardia Urbana se han aliado para hacer de las calles de este barrio un lugar más seguro, pero la falta de personal y el propio ambiente del lugar dificultan su labor. El verano pasado, los Mossos aumentaron la presencia de la Brigada Móvil (Brimo) y añadieron controles para intentar controlar la compraventa de droga en narcopisos y calles de la Mina, pero el plan no fue suficiente.
El tranvía, a su paso por la Mina / GA
VIGILANCIA PRIVADA
La situación necesita algo más. Y el Consorci del Barri de la Mina pone ahora su grano de arena: pondrá vigilancia privada en el barrio por las noches, con el fin de garantizar la seguridad de la zona. El Consorci es un organismo constituido en el año 2000 por la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià de Besòs para coordinar y ejecutar el plan de transformación del barrio y hacer del mismo una zona más habitable.
Según un informe de este ente, el servicio de vigilancia se realiza para cuidar “de las viviendas, plazas de aparcamiento y locales comerciales”. Así, habrá dos personas que realizarán rondas conjuntas permanentemente entre las siete de la tarde y las siete de la mañana “dentro de las siete escaleras que se encuentran en las parcelas J y O del proyecto de reparcelación de la unidad de actuación Passeig Central-Zona Industrial”.
El servicio afecta a calles como Anna Frank, Ramon Llull (dos escaleras), Mercè Rodoreda, Ernest Lluch, Rambla de la Mina y Manuel Fernández Márquez, donde se vigilarán unas 120 viviendas (cuatro de ellas, tapiadas), así como a 123 plazas de parking de las islas O y J y a 12 locales comerciales de estas mismas manzanas.
Bloque de viviendas de La Mina / GA
CONTROLAR OCUPACIONES Y DELITOS
Los vigilantes tienen la tarea de mantener la seguridad en la zona. Asimismo, “en caso de producirse una ocupación ilegal, destrozo de viviendas o comisiones de actos delictivos, el encargado de las tareas del servicio lo pondrá en conocimiento inmediato y urgente de las autoridades pertinentes (fuerzas de seguridad o bomberos)”.
Otro de los cometidos de estas patrullas es “solucionar los problemas surgidos en la realización del servicio de manera inmediata y, de no ser así, buscar soluciones en el tiempo lo más pronto posible, informando de los hechos a los responsables designados”. Ante cualquier incidencia o actos vandálicos, “el personal encargado del servicio se habrá de poner en contacto, de manera inmediata, con los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana o el Consorci del Barri de la Mina”.
Rambla del Raval / GA
La jornada laboral de los vigilantes es de 162 horas al mes, con un salario bruto de 1.376 euros mensuales. La empresa deberá cotizar a la Seguridad Social 480 euros por cada uno de los empleados. Todos ellos deberán tener, además, experiencia de entre 2 y 3,5 años para poder trabajar en estas vigilancias. El contrato para estas vigilancias ha sido para la empresa IB2 Seguretat Catalunya. El monto total del mismo es de más de 83.000 euros durante los seis primeros meses de 2020, pero el presupuesto anual se eleva a más de 166.000 euros anuales, con la posibilidad de prorrogar el servicio durante seis meses más.