Polémica entre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la jueza decana de la ciudad Mercè Caso por la gestión de los desahucios. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) alertó al Ayuntamiento de que los trabajadores municipales se abstengan de impedir la ejecución de resoluciones judiciales.
En una carta, la jueza decana de Barcelona se refería a las actuaciones que se llevan a cabo desde el Servicio de Intervención y Mediación ante Situaciones de Pérdida de Vivienda y Ocupaciones, que se creó en 2015. La respuesta de Colau no se ha hecho esperar y también en una misiva dirigida a Cano ha defendido las intervenciones de los servicios sociales.
EXCESIVOS DESPLIEGUES POLICIALES
Colau ha criticado el aumento de los lanzamientos con fecha abierta, que han pasado de ocho durante todo el 2017 a 55 en 2018, y el "excesivo despliegue" de unidades antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, lo que ha dificultado el trabajo de mediación y acompañamiento de los servicios municipales y provoca mayor angustia entre las familias, según ella.
"Mientras esta situación de emergencia habitacional continúe afectando personas en grave situación de vulnerabilidad, como alcaldesa continuaré defendiendo la necesidad y el encomiable trabajo que hacen los equipos municipales de prevención y acompañamiento de las familias en riesgo de perder su vivienda", ha expresado en la misiva recogida por Europa Press.
Ha añadido que el Ayuntamiento continuará usando todas las herramientas a su alcance para evitar los desahucios, como la ampliación del parque público de vivienda, la creación de alojamientos temporales como los Aprop, ayudas al pago del alquiler y la captación de vivienda privada hacia alquiler asequible, entre otros.
En una rueda de prensa este miércoles, la concejal de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, ha explicado que este servicio ha permitido acompañar durante los últimos cuatro años a 10.128 familias en situación de vulnerabilidad en procesos de desahucios: "En 2019 más 6.400 personas fueron acompañadas por esta unidad. La mayoría son familias vulnerables y personas mayores".
1.000 CARTAS A PROPIETARIOS
"Es una unidad pionera formada por 18 profesionales, todas mujeres. Aquí estamos para defender a las trabajadoras públicas que se dedican a hacer este trabajo", y Martín ha añadido que, a pesar de la carta del TSJC el servicio municipal ha continuado trabajando de la misma manera para la mediación con propietarios.
Ha cifrado en cerca de 1.000 casos las propiedades que están obligadas por ley a ofrecer un alquiler social a familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler y lleven más de seis meses viviendo en el inmueble: "Hemos enviado cerca de 1.000 cartas", y ha dicho que también hablarán con la Generalitat sobre la actuación de los agentes de los Mossos en los procesos de desahucio.