El Ayuntamiento de Barcelona ve "desproporcionado" el despliegue de agentes de Mossos d'Esquadra que este martes por la mañana participan en el desahucio de seis familias en riesgo de exclusión en el Bloc Llavors, en el barrio del Poble-sec de Barcelona.
"Enviar dispositivos desproporcionados, impedir la acción de los equipos municipales y agredir a las personas son actuaciones injustificables que hoy se están produciendo en el desahucio del Bloc Llavors. Hace meses que exigimos al Govern que active las mediaciones y que pare estos abusos", ha escrito en Twitter la regidora de Vivienda y de Sant Andreu, Lucía Martín.
En términos parecidos se ha expresado el concejal de Sants-Montjuïc, Marc Serra. Tanto Martín como Serra son de Barcelona en Comú. "Desahucio ahora mismo en el Bloc Llavors con fuerte despliegue policial", ha colgado en las redes sociales Serra, muy crítico con el hecho de que dos técnicas de la unidad municipal antidesahucios no hayan podido mediar con la comitiva judicial.
UN CENTENAR DE AGENTES
El desahucio del Bloc Llavors, en la calle de Lleida, 38, se ha iniciado este martes pasadas las 08.00 horas cuando ha llegado la comitiva judicial. Un centenar de agentes se ha desplegado hasta la zona y está ejecutando el desahucio dictado por la jueza que lleva el caso. El edificio es propiedad del fondo Vauras Investment.
Durante el desalojo se han producido momentos de tensión y algunas acciones desproporcionadas y excesivas por parte de algunos agentes de los Mossos. Unas 50 personas han pasado la noche en el interior de la finca para intentar impedir el desahucio. Una de las personas desalojadas ha denunciado agresiones verbales y físicas por parte de algunos policías.
FAMILIAS CON MENORES
En el bloque viven seis familias, algunas de ellas con menores a cargo. Hasta el momento han podido parar hasta cinco intentos de desahucio. El último tuvo lugar el pasado enero. Entonces, la juez paralizó el desalojo hasta que se garantizara un alojamiento a estas personas. El bloque fue ocupado en julio de 2017.
Tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat de Catalunya han advertido a la propiedad del edificio, el fondo Vauras Investment, de la obligación de garantizar un alojamiento a las familias antes de llevar a cabo el desalojo. Así lo establece el decreto de la Ley de Vivienda de la Generalitat.