Colau contrata a los abogados de los políticos del 1-O y la Infanta Cristina

El Ayuntamiento de Barcelona contrató el pasado mes de junio a un despacho de abogados para “los servicios de asistencia y defensa jurídicas a los miembros de los cuerpos de la Guardia Urbana y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento”. El coste que tendrá este contrato es de 121.000 euros y una vigencia de un año. El despacho que se ha llevado el gato al agua es el de Pau Molins.

Curiosamente, uno de los miembros de este despacho, Jesús María Silva, fue el coordinador de la defensa de la Infanta Cristina en el juicio que condenó a su marido, Iñaki Urdangarín, tras el escándalo del Instituto Nóos. Silva recogió el testigo de la defensa por delegación del despacho de Miquel Roca, que fue el designado por la Casa Real.

Otro de los miembros del bufete, Jordi Pina, fue el defensor de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull en el juicio del referéndum ilegal que se celebró el año pasado en el Tribunal Supremo. Tras el juicio, Pina escribió el libro El judici de la meva vida, en el que cuenta su experiencia y relación con sus tres clientes políticos y en el que se muestra decepcionado y en el que llega a calificar el juicio de político.

DEFENDER A FUNCIONARIOS

El cometido de los abogados, según consta en un informe elaborado el pasado mes de mayo, es defender a los agentes porque “el consustancial y normal ejercicio de las funciones, a menudo comporta que la actuación de estos Cuerpos sea objeto de denuncias y quejas, ya sea fruto de la actuación directa del funcionario o fruto del ejercicio de las potestades administrativas que son inherentes a la defensa de los intereses públicos o consecuencia de las primeras actuaciones de denuncia o inspección del funcionario”.

Barricadas de fuego durante las protestas por la sentencia del procés en Barcelona / EP

Fuentes de la oposición municipal mostraron a Metrópoli Abierta su extrañeza por el hecho de que la defensa de los funcionarios tenga que ir a cargo de un despacho externo. “Se hartaron de decirnos que los servicios jurídicos municipales eran muy buenos y que los agentes ya tenían suficiente con los servicios jurídicos de la casa, pero ahora parece que han cambiado de opinión”, explica un concejal a este diario.

ABOAGDOS CON MUCHA EXPERIENCIA

El informe señala que el Ayuntamiento “no dispone de medios ni de recursos técnicos idóneos" para realizar defender al personal del área de seguridad y prevención. Alude, por si fuera poco, al carácter especializado de los funcionarios de los cuerpos citados “y el riesgo inherente a las prestaciones que les son propias exigen que su defensa sea prestada por profesionales del derecho y, en concreto, por abogados en ejercicio con un alto grado de especialización, experiencia y conocimiento de los aspectos nucleares del servicio público de seguridad, emergencias y ejercicio de potestades, para que asuman con eficacia la defensa de los funcionarios implicados en los procedimientos e instituciones de tutela de derechos de las personas y ciudadanos en las diferentes instancias”.

Señala, asimismo, que deben tener "experiencia obtenida con el ejercicio en los tribunales y el uso de las fuentes aplicables a la defensa”. Así, su cometido es defender al personal funcionario del área de seguridad y prevención “ante los órganos de tutela de los derechos de las personas y en la propia prestación al ciudadano”.

RETRASO POR EL COVID

En un informe complementario firmado por el director de los Servicios de Asesoramiento Jurídico, Luis Miguel Clemente, el pasado 8 de mayo, explica que la tramitación de este contrato (que entró en vigor a mediados de junio) se retrasó por la declaración del estado de alarma y especifica que “como consecuencia de las numerosas actuaciones de la Guardia Urbana que en la exigencia del cumplimiento de las limitaciones ciudadanas han comportado detenciones y perjuicios a agentes de la autoridad se exige garantizar el derecho a la asistencia de estos agentes”.

Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, durante el juicio del procés / EFE

Al no poder renovarse el anterior contrato, por estar así previsto en los decretos municipales, se hacía necesario convocar otro concurso. Al mismo, se presentaron cuatro despachos: Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Molins-Parés, Castellarnau Ampolla Associats y Molins Advocats Defensa Penal, este último, ganador por ser la oferta más ventajosa.

ASISTENCIA LAS 24 HORAS

El informe de prescripciones técnicas detalla que los abogados del despacho darán asistencia jurídica las 24 horas a los funcionarios en cualquier sede pública y que asesorarán en los temas judiciales cuando sean denunciados “para poder contar antes del juicio con la información necesaria para preparar la mejor asistencia y defensa”. Además de defender a los funcionarios en las previsibles denuncias, también pueden actuar como acusadores cuando hayan padecido perjuicios relevantes en sus bienes o su persona.

Quedan excluidos de la labor del despacho los casos “en los que los intereses del Ayuntamiento y los empleados municipales sean contrapuestos” y los derivados de expedientes disciplinarios o de reclamación de responsabilidad por daños, reintegros de caudales públicos u otros incoados por el consistorio contra los empleados. El Ayuntamiento, para cubrirse las espaldas, encargó también un informe jurídico que avala la necesidad del contrato externo para este cometido.