Los bares y restaurantes se alzan en contra de las medidas restrictivas del Govern de la Generalitat. Empresarios propietarios de establecimientos, del sector del ocio nocturno y de la hostelería protagonizarán la primera protesta por el cierre de la restauración en Cataluña. Han llamado a concentrarse en la plaza Sant Jaume para mostrar su descontento cuando el ejecutivo catalán anuncie el "cerrojazo". 

La Asociación Profesional de Bares y Restaurantes de Gràcia ha anunciado sobre la protesta y ha llamado a sus asociados a reunirse en el emplazamiento en el que se encuentra el Palau de la Generalitat y la sede del Ayuntamiento de Barcelona. "Porque la restauración, ni el ocio nocturno, ni la hostelería son culpables del Covid. No al cierre del sector. Ayudas urgentes", claman. 

EL SECTOR ESTÁ NERVIOSO

Esta protesta llega después de que los empresarios y trabajadores del ocio nocturno hayan sido desalojados de la céntrica plaza. La revuelta de empresarios también ha estallado después de que el Govern de la Generalitat haya anunciado una cese de la actividad de 15 días a bares y restaurantes con el objetivo de controlar el contagio comunitario del virus, que según indican los datos está desbocado en algunos puntos de Cataluña como Barcelona

El sector se encuentra desamparado y nervioso ante las contundentes restricciones que pretende aplicar la administración catalana. Desde el pasado 14 de marzo, cuando comenzó el confinamiento por la aparición del coronavirus, los bares y restaurantes han tenido que adaptarse a unas restricciones que han supuesto una pérdida de dinero y una caída de facturación que ha hundido la economía de Cataluña provocando despidos y cierres a mansalva. 

DEMANDA CONTRA LA "MALA GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA"

Ante la delicada situación, la patronal Fecasarm ha anunciado un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En cuanto se haga pública la resolución de cierre de locales de restauración, llevarán a cabo una demanda colectiva por responsabilidad patrimonial contra el Gobierno y las comunidades autónomas por mala gestión de la crisis sanitaria.

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