La Oficina Antifrau de Catalunya investiga al Ayuntamiento de Barcelona. Entre las actuaciones cerradas entre los años 2017 y 2020 por el organismo público, que controla las presuntas actuaciones irregulares en las administraciones públicas catalanas, figuran seis casos relacionados con el consistorio barcelonés o empresas, museos e institutos vinculados con él. La oficina tiene como objetivo principal "prevenir e investigar posibles casos de uso o destino fraudulentos de fondos públicos".
En la página web de Antifrau se puede consultar un resumen de las actuaciones cerradas durante los últimos cuatro años. La última que aparece sobre el Ayuntamiento de Barcelona es de diciembre de 2019 y corresponde al ejercicio 2014-2015. En el resto de casos no se dice cuándo se pudo cometer la presunta irregularidad. La investigación se ha centrado en un "posible trato de favor y uso o destino irregular de fondos públicos por parte del consistorio barcelonés en la asignación de los recursos públicos para la celebración de la regata Barcelona World Race" por valor de más de tres millones de euros.
Los importes, relata Antifrau, se percibieron a través de una subvención directa a la Fundación para la Navegación Oceánica de Barcelona (considerada como una entidad pública adscrita al mismo Ayuntamiento), "la adquisición por parte del consistorio a esta misma fundación de unos derechos de explotación sobre un equipamiento público de titularidad estatal", y una "subvención directa otorgada a la fundación mencionada por parte del Instituto Municipal de Educación de Barcelona para la ejecución de programas formativos".
"DEFICIENCIAS DE JUSTIFICACIÓN DE LOS IMPORTES ABONADOS"
Sobre las subvenciones otorgadas, Antifrau detectó "debilidad en la justificación de la asignación directa, sin publicidad ni concurrencia, de las subvenciones, y deficiencias en la justificación de los importes abonados", indica Antifrau, que subraya que también fue objeto de examen "un posible conflicto de interés y trato de favor en relación con la persona que ejerció de manera simultánea funciones gerenciales en dos instituciones públicas municipales vinculadas con el fomento de la navegación y los valores asociados al mar".
El mismo 2019, concretamente en mayo, Antifrau cerró una investigación sobre el Museo de Historia de Barcelona, que depende del Ayuntamiento. La oficina relata un "presunto conflicto de interés de la persona responsable de un departamento del museo que habría participado en la contratación de una persona con la que tendría vinculaciones personales y familiares". Para Antifrau, esta actuación habría implicado "una vulneración de la normativa sobre incompatibilidades y habría derivado en un trato de favor a la empresa adjudicataria".
Otro de los casos que ha tratado Antifrau sobre el consistorio barcelonés, cerrado en abril de 2019, hace referencia a las "presuntas irregularidades administrativas urbanísticas que se habrían producido en el triángulo que conforman las fincas ubicadas entre las calles del Portal de Sant Madrona, del Cid y Perecamps". Las presuntas irregularidades detectadas estarían vinculadas a la "confusión en un trasvase de edificabilidad, la sustitución de suelo correspondiente al 10% de aprovechamiento a cambio de una compensación económica y el posible déficit de iniciativa pública en la redacción del proyecto". La actuación urbanística investigada por Antifrau tiene que ver con el proyecto reparcelación vinculado a la modificación del Plan especial de la reforma interior del Raval, en la zona de Drassanes.
El director de la Oficina Antifrau de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno / ANTIFRAU
"USO O DESTINO ILEGAL DE FONDOS PÚBLICOS"
En julio de 2018, Antifrau concluyó una investigación sobre Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), que gestiona en Barcelona las áreas verde y azul de aparcamiento, el Bicing y el Zoo, entre otros servicios públicos, sobre un presunto trato de favor a la empresa adjudicataria "de un contrato de concesión de servicios vinculado a la movilidad urbana, en cuya ejecución se habrían incrementado unos gastos de manera artificiosa, lo que constituiría un posible caso de uso o destino ilegal de fondos públicos".
Otro caso cerrado por Antifrau sobre el Ayuntamiento de Barcelona es de octubre 2017 y está relacionado con la Guardia Urbana. En un escueto resumen, la oficina anticorrupción dice que examinó "un presunto trato de favor otorgado a la empresa adjudicataria de los servicios de veterinaria por parte del organismo denunciado".
CONFLICTO DE INTERÉS EN PARQUES Y JARDINES
El mismo mes de octubre de 2017, la oficina, adscrita al Parlament de Catalunya, concluyó un trabajo sobre una denuncia contra el Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona. En este caso, Antifrau habla de "posibles irregularidades en las que se ha incurrido durante el procedimiento de licitación y adjudicación de un lote de contratos por parte de la entidad denunciada. Habría podido producirse un conflicto de interés por parte de un responsable del Instituto, ya que compartiría la participación en diferentes consejos de administración con una de las empresas adjudicatarias del lote del contrato mencionado".
Fuentes de Antifrau explican que un ciudadano puede solicitar información sobre un caso y ampliar así los datos que figuran en la web de las investigaciones cerradas. El organismo público, que dirige Miguel Ángel Gimeno, envía a la persona que la ha pedido las conclusiones de los "informes razonados" obviando los datos personales, como indica la Ley de protección de datos. Cuando Antifrau emite un informe es que se puede haber detectado algún tipo de irregularidad. Uno de los ámbitos que más se investiga es el de la contratación pública.
Antifrau no tiene capacidad sancionadora, pero puede derivar sus investigaciones a otros organismos públicos, como la Autoritat Catalana de la Competència o la Sindicatura de Comptes. Cuando se detecta la posible existencia de un delito, Antifrau lo manda a Fiscalía, a la autoridad judicial o a un cuerpo policial, detallan fuentes de la oficina.