Paralizan el desahucio de Maria, una anciana de 83 años de La Sagrera

Maria Martí es una anciana de 83 años que vive desde hace 50 años en un piso de La Sagrera (Sant Andreu), y este martes 2 de marzo iba a ser desahuciada. Una orden judicial indicaba que debía dejar su piso de toda la vida por un lío en la vigencia de su contrato de alquiler indefinido. Pero Maria podrá seguir viviendo allí por lo menos durante algún tiempo más, porque un recurso interpuesto por su abogada a las Naciones Unidas (ONU) ha acabado forzando la suspensión de su desalojo, por lo que el proceso queda, de momento, aplazado sine die.

Así lo ha anunciado vía Twitter la plataforma que la ha apoyado en este proceso, el Sindicat d’Habitatge de La Sagrera. El caso de esta anciana causó una gran indignación en las redes sociales y ha llegado incluso a la esfera política. La concejal de Vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, ha hecho eco de la suspensión de su desalojo. “Seguiremos trabajando por una solución definitiva”, ha dicho vía Twitter la también concejal del distrito de Sant Andreu. 

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LÍO EN EL CONTRATO

Maria se encuentra en una situación de vulnerabilidad acreditada por los Servicios Sociales municipales y la propiedad de su piso es un gran tenedor que tiene en cartera un centenar de pisos más en el mismo edificio de la calle Honduras donde vive, según asegura la familia de la afectada. Aun así, no ha habido manera de llegar a un acuerda, hasta que a última hora, el recurso interpuesto ante la ONU ha impedido que este martes la saquen de la que ha sido su casa durante medio siglo.

El problema surgió cuando la empresa con la que el marido de Maria firmó en 1970 el contrato de alquiler fue disuelta; algo que ocurrió en los años 90. Cuando la nueva compañía propietaria absorbió el contrato, la ley había cambiado con el llamado decreto Boyer, desapareciendo así la prórroga forzosa de los alquileres. Aun así, como nada había cambiado para Maria Martí desde entonces, ni ella ni su familia eran conscientes de que había ningún problema. Pero en 2014 recibieron la notificación de que la empresa no renovaría el contrato. Fue entonces cuando la vecina de 83 años supo que el contrato que tenía no era indefinido.

A pesar de que la familia considera que se trata de un caso de fraude de ley, desde entonces los jueces de la Audiencia Provincial han fallado a favor de la empresa. Así, la propiedad solo está obligada, como gran tenedora, a ofrecer una alternativa habitacional a la afectada. La propuesta que han hecho es trasladarla a unos bajos mucho más oscuros que su piso de toda la vida, y ella aún tiene la esperanza de que no la echen. “A mí me gustaría que me dejaran aquí. Con la edad que tengo ya se habrían podido esperar un poco”, decía hace un tiempo en un programa de Betevé.