Pastillas incendiarias y disolvente: el material de los anarquistas detenidos

Mossos d'Esquadra infiltrados detectaron el pasado 27 de febrero a un grupo reducido de personas que participaban en los altercados de esa noche que tuvieron su punto álgido con el ataque contra una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona. Los agentes encontraron una mochila del grupo investigado con 20 pastillas incendiarias en su interior, un bote de disolvente y un trapo impregnado de líquido desprendiendo un fuerte olor, y a dos investigadas se les intervino ropa que desprendía olor a disolvente o gasolina.

Los ocho detenidos (seis de nacionalidad italiana, uno de nacionalidad española y otro francesa acusados de lanzar cócteles molotov contra el vehículo se encuentran en prisión preventiva. Los Mossos ya percibieron la presencia de personas que hablaban italiano en las protestas del 17 de febrero. Por ello, decidieron infiltrarse entre los manifestantes y detectaron a un grupo que "de forma coordinada y muy violenta provocaban ataques a establecimientos comerciales y entidades bancarias".

DOS CÓCTELES MOLOTOV

Este grupo, liderado por dos jóvenes que impartían órdenes a los demás miembros, se dirigieron a una comisaría de la Guardia Urbana "con el claro propósito de atacar dichas instalaciones y los agentes que le daban protección", y los agentes infiltrados observaron como lanzaron dos cócteles mólotov. El segundo cayó en los bajos de una furgoneta logotipada de la Guardia Urbana y un líquido incendiario prendió el vehículo policial, y agente que se encontraba dentro consiguió salir del interior indemne.

La causa está abierta por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, atentado a agentes de la autoridad, desórdenes públicos, delito continuado de daños, manifestación o reunión ilícita y pertenencia a grupo criminal, y de los ocho detenidos, cinco son hombres y de nacionalidad italiana y las otras tres son mujeres, de nacionalidad italiana, francesa y española. Las penas pueden superar los dos años de prisión por el elevado riesgo de fuga y la peligrosidad criminal que denota la conducta de los investigados que "supone un claro riesgo de reiteración delictiva".