La intención del Ayuntamiento de Barcelona de instalar una cuarentena más de cámaras de videovigilancia en las calles de Barcelona (ya hay más de 20 de ellas en funcionamiento) puede mermar los derechos de la ciudadanía. Quien lo dice es un informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), juntamente con la red ENCO, el Observatoire des Multinationales y Shoal. “Vivimos en la sociedad de la vigilancia. Ya sea en las calles o en la intimidad de nuestros hogares, los Estados pagan con dinero público a empresas privadas para que nos espíen”, dice el informe en cuestión.
George Orwell avanzó un futuro con un Gran Hermano atento a todos los movimientos. Ese futuro ya está aquí. “El desarrollo de la vigilancia digital y la existencia de un mercado de productos de alta tecnología en constante expansión, junto con una narrativa de seguridad nacional aparentemente incuestionable y una tendencia a la privatización de los servicios públicos, ha supuesto que los Estados dependan ahora de múltiples herramientas digitales para vigilar y controlar a la sociedad”, explica el informe.
CERCADOS POR CÁMARAS
En Barcelona, a las videocámaras de seguridad que controlan distintas zonas de la ciudad han de añadirse las cámaras de tráfico, las privadas que invaden pedazos de espacio público y cámaras en los transportes, especialmente en el Metro. Ya no se trata sólo del Ayuntamiento, sino también de otras administraciones que ejercen sobre el ciudadano un control cada vez mayor. “La tecnología de reconocimiento facial, las herramientas de extracción de datos telefónicos, los drones y las cámaras de circuito cerrado de televisión, entre otras tecnologías de vigilancia, se despliegan actualmente de forma rutinaria para vigilar a las poblaciones, sin tener en cuenta su impacto en la privacidad y los derechos fundamentales”, añade el texto del ODHE.
El centro de control del Ayuntamiento, desde donde se vigilan las cámaras de tráfico / EFE QUIQUE GARCÍA
El informe, de 60 páginas, explica el caso de una startup catalana nacida de un proyecto de investigación de la UAB,CTRL4 Enviro, cuya tecnología sirve para vigilar las playas. “El Covid-19 ha sido el impulsor del diseño de una tecnología completamente nueva que permite vigilar a multitudes en espacios públicos como las playas. Su producto MDS (Monitor de Distancia Social) es un sistema capaz de analizar anónimamente las imágenes ya disponibles de las cámaras de circuito cerrado de televisión para controlar el distanciamiento social, el uso adecuado de la mascarilla y la densidad de ocupación, por ejemplo, en una de las playas más famosas de Barcelona”.
IDENTIFICACIÓN FACIAL
Relata también el caso de SICE, una filial del grupo ACS, que instaló 47 cámaras de vigilancia en el centro de Madrid, “diez de las cuales incluyen un innovador software de análisis que alerta a la policía si detecta ciertos comportamientos extraños, como un grupo de personas corriendo, permitiendo una intervención más rápida de la policía”. En Barcelona no se ha implantado todavía esa tecnología, pero los Mossos d’Esquadra sí disponen de un software de reconocimiento facial que permite identificar rostros y buscarlos en las bases de datos.
De hecho, los Mossos utilizaron por primera vez drones de vigilancia en el Mobile World Congress (MWC) en el año 2018. Fue ahí donde “establecieron el primer dron de vigilancia operativo para garantizar la seguridad pública”. Y hasta ahora, se han seguido utilizando estos métodos. Con el covid, su utilización se multiplicó: “Durante el confinamiento provocado por la pandemia del Covid-19, muchas fuerzas de Policía Local utilizaron drones como nueva herramienta de control y vigilancia. Los drones se han utilizado para dar recomendaciones a los ciudadanos, así como para vigilar los desalojos y el acceso a eventos masivos. La policía española fue una de las primeras fuerzas de seguridad del mundo en utilizar drones por control remoto para vigilar a la población”. Una empresa china, GDU Tech ha estado ayudando a las policías locales de Barcelona, Madrid, Matadepera, Parets del Vallès y Sabadell a utilizar drones que, además de permitir la vigilancia aérea, pueden llevar un altavoz de 120 decibelios y una cámara térmica que permite tomar la temperatura corporal a distancia.
CONTROL DE MANIFESTACIONES
El control político ya es un hecho: en las manifestaciones de octubre de 2019, los Mossos utilizaron seis drones DJI para controlar las grandes manifestaciones del centro de la ciudad. “Estas aeronaves proporcionaban imágenes complementarias a las tomadas por los helicópteros policiales, que también están equipados con cámaras de alta resolución. Las imágenes se envían al centro de mando, que toma las decisiones”. El caso donde mejor se visualizó la utilización de estas tecnologías fue la vigilancia del partido Barça-Madrid en diciembre de 2019, en el que Tsunami Democràtic había previsto interrumpir el partido y hacer descender un dron portando una pancarta reivindicativa. El dron indepe no pudo acceder al recinto, pero los drones policiales captaron detalles de las manifestaciones en los aledaños del Camp Nou
El informe denuncia también que en muchos casos los circuitos cerrados de TV y los videosensores “se despliegan en barrios con una alta población o afluencia de inmigrantes y personas racializadas, lo que permite que los dispositivos contribuyan a la elaboración de perfiles raciales y, en consecuencia, a la deportación. Esto ha sido denunciado por organizaciones como Iridia y Novact en un reciente informe. En la misma línea, en Ciutat Vella, uno de los distritos de Barcelona donde se realizan más controles de identidad basados en el perfil racial, se iban a instalar 13 dispositivos de videovigilancia para el 2020 con el fin de ‘garantizar la seguridad en los espacios públicos y contribuir a la lucha contra el terrorismo’”.
Cámara de videovigilancia en una imagen de archivo
DESCUBRIR TERRORISTAS
Otra de las empresas que trabaja en el sector es Insikt Intelligence, con sede en Barcelona, que crea herramientas fáciles de usar. Esta firma creó una plataforma de inteligencia llamada Inviso “para la detección en tiempo real de radicales yihadistas en redes sociales”. Financiada por el programa Horizonte 2020, su objetivo es anticiparse a los actos terroristas y luchar contra la radicalización. Comenzó a ponerse en marcha en octubre de 2017, tres meses después de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Esta empresa también participa en otro proyecto llamado RED-Alert, financiado con fondos europeos, en el que se utiliza inteligencia artificial para recopilar, visualizar y almacenar datos en línea, relacionados con presuntos terroristas. El consejo asesor de este proyecto cuenta con varios especialistas, entre los que se encuentran antiguos jefes de los servicios de inteligencia europeos y el antiguo director del departamento de Seguridad y exdirector de Interpol y de Operaciones Internacionales de la Policía Nacional de Israel.
Herta Security, del grupo Everis, tiene también su sede en Barcelona, aunque cuenta con socios en 50 países. Nació como una spin-off de la UPC y su especialidad es la vigilancia en entornos concurridos, como aeropuertos, estaciones de tren o metro, prisiones, bancos, casinos, estadios deportivos, centros comerciales y aplicaciones militares y policiales. Curiosamente, a pesar de su barcelonidad, donde más trabaja esta compañía es en Madrid, donde vigila el Casino Gran Madrid, entre otras instalaciones.
VIGILANCIA DE OKUPAS
Recoge también el informe que el uso de la videovigilancia en espacios públicos “también puede utilizarse para vigilar actividades concretas de grupos políticos sin orden judicial, especialmente las que rodean los locales políticos y centros sociales okupados, muy numerosos en ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao”. Pone como ejemplo de ese espionaje político el caso de la Kasa de la Muntanya, en Barcelona, “una de las más antiguas de Europa”. El informe relata que “hay varios dispositivos de circuito cerrado de TV en la calle, que permiten controlar las entradas a la casa donde se suelen celebrar reuniones policías de toda la ciudad. En 2013, los activistas de la casa okupa afirmaron haber descubierto y desmantelado una cámara de vídeo instalada frente a la casa, que estaba escondida en un falso tubo de ventilación del tejado de un hospital y era capaz de enviar grabaciones a través de conexión wifi.
Xiptic Solutions, una firma de Vilassar de Dalt, es otra de las empresas punteras en espionaje público. Especializada en el control de accesos y la comprobación de la presencia física de las personas, desde 2012 ha estado llevando a cabo algunas vigilancias específicas. Entre ellas, una sobre el instituto Enric Borràs, de Badalona, en el que “ha estado utilizando un sistema de reconocimiento facial y envío de SMS a las familias para controlar la asistencia de los alumnos”.
Un guardia urbano con una cámara / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
MONITORIZADOS EN EL COCHE
Lo mismo cabe decir de las matrículas de los coches. “Ya sea conduciendo, tomando el trasnporte público o simplemente caminando por la calle, una cosa es segura: estás siendo filmado. En este contexto, aparecen las cámaras RAM (Reconocimeinto Automático de Matrículas), con tecnología para identificar matrículas. Estas cámaras no se limitan a fotografiar la matrícula, sino todo el vehículo”, advierte el informe, que enlaza con un texto del Institut Municipal d’Informática (IMI) del Ayuntamiento de Barcelona, donde se detalla este nuevo sistema.
Señala, en este asunto, que la compañía Federal Signal dispone de un sistema llamado Atenea “para el control total de los sistemas de señalización, vigilancia, etcétera”, capaz de monitorizar todos los dispositivos luminosos, acústicos o de comunicación, realizando al mismo tiempo grabaciones de audio y vídeo. “En 2019, la empresa proporcionó a la Guardia Urbana de Barcelona 15 pares de cámaras automáticas RAM”, subraya el informe.
En definitiva, en el último año, las administraciones han utilizado la pandemia para justificar una mayor vigilancia digital “argumentando que esta es necesaria para aplicar medidas de distanciamiento social”. Tras apuntar a que las nuevas tecnologías y los sistemas de control están sirviendo para hacer ricas a un puñado de empresas, concluye: “Todos tenemos derecho a la intimidad. Cuando se viola este derecho, se producen importantes repercusiones en el cumplimiento de otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida familiar, la libertad de expresión, la libertad de reunión, de movimiento y de religión. Para quienes participan activamente en los movimientos sociales, saber que cada uno de nuestros pasos está potencialmente vigilado puede tener un efecto escalofriante en nuestro activismo y en la forma que adoptan nuestras luchas políticas”.