Barcelona paga pensión y manutención a 1.771 personas en riesgo de exclusión

La crisis sanitaria ha incidido con especial virulencia en algunos segmentos de la sociedad que ya eran desvalidos pero cuyas condiciones quedaron seriamente deterioradas a partir de marzo del 2020, con el decreto del estado de alarma del Gobierno. La situación durante este año y medio no ha mejorado mucho para estos segmentos de población, haciéndose imprescindible la ayuda de los poderes públicos para evitar un desarraigo mayor.

En estos momentos, según un informe interno del consistorio barcelonés, el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) presta ayudas para el alojamiento de 1.771 personas, que integran unas 470 unidades familiares, en 110 establecimientos diferentes. De todos los beneficiados, 47 son niños. El estado de alarma finalizó el pasado 9 de mayo, pero la precariedad de estas personas y familias, no. “A estas alturas, desaparecido el estado de alarma, se hace imprescindible mantener el servicio hasta la formalización del nuevo acuerdo marco, dado su carácter de esencial y porque en plena desescalada de la pandemia es impensable dejar sin alojamiento a las personas que están alojadas por razón de su situación personal, y más cuando el real decreto ley 8/2021 de 4 de mayo prorroga la consideración de esencialidad de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género hasta el 9 de agosto, igual que las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda”, dice el citado informe.

UN PROYECTO FALLIDO

El texto explica que el IMSS es la referencia municipal para las personas en situación de vulnerabilidad social y económica. “Por eso, diariamente, de acuerdo con los criterios de vulnerabilidad social (familias con menores, personas enfermas, personas mayores, etc) es necesario proveer este alojamiento temporal de emergencia”. Dada la saturación de los equipamientos municipales y “a la no disponibilidad de otras alternativas de alojamiento temporal, se hace imprescindible contratar pensiones y hoteles y manutenciones mientras no se encuentran soluciones a más largo plazo”.

No hay otro modelo. Desde el Ayuntamiento se apunta a que desde principios de año, su personal está trabajando con un nuevo modelo de contratación directa de los alojamientos que, en un principio había de ser más eficiente y suponer un ahorro. “Finalmente, este nuevo modelo fue desestimado al demostrarse que sus bondades no eran las esperadas”, dice el informe interno aludido. Por eso, el pasado 8 de abril se aprobó en la comisión de gobierno del Ayuntamiento la autorización de un gasto extraordinario que permitiese mantener los contratos de emergencia en vigor hasta aquel momento.

PROBLEMAS SI SE CAMBIA DE OPERADOR

“Es del todo necesario mantener el actual estado de alojamiento hasta la adjudicación del nuevo acuerdo marco -insiste el informe interno-. Además, la urgencia necesaria en la tramitación y el corto plazo de duración de esta nueva contratación hacen aconsejable la continuidad de la empresa actual, atendido la complejidad tanto del servicio como de la gestión paralela a realizar por parte de los servicios municipales, y la ineficiencia que supondría cambiar dos veces de proveedor en tan corto espacio de tiempo. Estos cambios perjudican gravemente a las familias involucradas y pueden provocar consecuencias no deseadas”.

Entre esas consecuencias se pueden citar que los probables traslados en caso de cambio de proveedor aumentan “la sensación de desarraigo y victimización de las personas alojadas” y “el trabajo realizado por los servicios correspondientes se echaría a perder”. Además, los 47 niños alojados están escolarizados y un nuevo traslado redundaría negativamente en su rendimiento. Además, señala el Ayuntamiento, “la complejidad tanto del servicio en sí como de la gestión paralela a realizar por parte de los servicios municipales hacen muy ineficiente trabajar dos cambios de proveedor en seis meses, por lo que se considera que la mejor opción es negociar con la empresa actual adjudicataria del servicio”.

DESCONTROL EN EL CONSISTORIO

El 1 de abril pasado, el Ayuntamiento ya otorgó a la firma Avoris Retail Division un contrato de 2.334.201 euros para el alojamiento y manutención de esas familias durante el mes de abril y hasta el 9 de mayo. A comienzos del pasado mes de julio, otorgó otro contrato a la misma firma por 5,1 millones de euros, para el mismo cometido pero por 3 meses “contados a partir del 19 de junio de 2021 o de la fecha que se indique en la formalización del contrato” (o, lo que es lo mismo, 1,7 millones de euros mensuales). Esta improvisación (el contrato adjudicado en julio debe cubrir el servicio ya prestado desde el 19 de junio, aunque no consta que se haya formalizado) habla a las claras de una carencia organizativa del consistorio.

Así, el 12 de julio, se reunió la mesa de contratación para proceder a la apertura de la propuesta económica de Avoris y negociar la misma, cuando en el acta se reconoce que se recurre al procedimiento “negociado sin publicidad por exclusividad y por imperiosa urgencia del contrato”. Ese mismo día, la mesa adjudicó el contrato directamente a Avoris. Debería formalizarse en el plazo de 5 días, pero la documentación de la supuesta formalización no se ha hecho pública.