Peleas y borracheras: así son los infernales pisos turísticos de Sant Adrià de Besòs

Barrio residencial hecho por y para familias, con parques para niños y zonas verdes. Tranquilo y de alto standing. Así es como el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs proyectó hace unos años La Catalana, un territorio anexo a La Mina en el margen derecho del río Besòs, que aún se encuentra en vías de desarrollo. 

Sin embargo, poco de lo que el consistorio anunció en su día queda hoy en el barrio. La guinda del pastel: 22 pisos turísticos concentrados en un mismo edificio que están provocando el caos. "Turismo de borrachera". Así califica a los inquilinos de los pisos uno de los miembros de la Asociación de Vecinos y Vecinas, José Caparrós.

INCIVISMO Y PELEAS

Según narran Caparrós y algunos vecinos más de los bloques contiguos a Metrópoli, las fiestas son diarias. "No nos dejan descansar, siempre arman bulla". Fiestas que terminan con la presencia de la Policía Local o los Mossos d'Esquadra. "Se encaran con nosotros e incluso tiran basura por los balcones. Estamos hartos del incivismo que han traído al barrio". 

Caparrós asegura que la queja no viene tanto por el hecho de que haya pisos turísticos, sino por el tipo de residentes que la empresa que los gestiona, Olala Homes, permite. "Son gente joven, mayoritariamente franceses, que vienen en grupos de entre 6 y 12 personas. Ya sabemos que darán problemas". José también confirma a este medio que este año está siendo, sin duda, el más inaguantable desde que se otorgaron las licencias pertinentes en 2018. Las molestias también se expelan por la libertad que poco a poco se va recuperando después del encierro por el coronavirus. Aún así, los vecinos de La Catalana aseguran que estos episodios ya se daban en plena pandemia, cuando se supone que tenía que cumplirse el confinamiento estricto en casa.

MANIFESTACIONES

El grupo de vecinos, hartos de la situación, se han echado a la calle más de una vez para protestar contra los problemáticos residentes. El método escogido para hacerse notar ha sido el de las caceroladas. Varios vídeos circulan, de hecho, por redes sociales. Incluso prevén repetir este tipo de manifestación si nadie soluciona el problema.

SANCIONES GRAVES

Según fuentes municipales, constan 23 sanciones contra turistas por estos motivos. Además, la sociedad titular de los domicilios ya cuenta con dos multas. Un número insuficiente a juicio de los residentes del barrio, quienes buscan que se cese la actividad turística y retirar la licencia. Para ello hacen falta 3 sanciones graves por apartamento, según está recogido en la ordenanza municipal.

Olala Homes, la empresa que gestiona los pisos, ha admitido públicamente algunos episodios de fuerte ruido por parte de sus clientes. La propiedad también ha asegurado que ha aportado soluciones, como la presencia de un guardia 24 horas. "Pero esta supuesta figura de seguridad es inexistente", contradicen los vecinos. De igual manera, otra supuesta solución por parte de la empresa fue la rescisión del contrato de unos residentes que se habían excedido con la última fiesta que montaron. "Aún así, los chavales se negaron a marcharse y se quedaron varios días más", informan los vecinos. 

UNA "MANO NEGRA"

Caparrós comenta a este medio que lo que más les ha "dolido" es la rapidez con la que se otorgaron las licencias de los pisos después de que finalizase la moratoria de un año impuesta por el Ayuntamiento de Sant Adrià. Durante ese año, se frenó el aterrizaje en el barrio de algunas viviendas vacacionales. Sin embargo, ahora el vecindario teme que lleguen más. Ya se rumorea que, a tan solo unos metros de este bloque, se construirá un aparthotel, pero el consistorio asegura a este medio que no es un proyecto oficial. "No queremos pensar que las licencias ya se han otorgado", comenta Caparrós. Los vecinos creen que hay un interés oculto detrás de estos pisos turísticos, una especie de "mano negra".

La regidora de urbanismo de Sant Adrià, Ruth Soto, ha asegurado a Metrópoli que, desde el consistorio, se están llevando a cabo todas las acciones posibles para apoyar al vecindario de La Catalana: "Hemos hecho una nueva ordenanza para regular las futuras licencias, nos intentamos hacer cargo de las sanciones... Aún así, no existe una solución a corto plazo". Lo máximo que se puede hacer, según el consistorio, es limitar las licencias de cara al futuro y reservar tan solo un 20% de los pisos a uso turístico.

Soto dice no tener la potestad para revertir la situación y pone el asunto en manos de la Generalitat. El anterior alcalde del municipio, Joan Callau, defendía el mismo argumento cuando era preguntado por el tema: es el Govern quien concede o deniega las licencias de los pisos.

A pesar de las promesas consistoriales, la desconfianza hacia el gobierno municipal es latente. De hecho, en unos días tendrá lugar una reunión entre la alcaldesa Filo Cañete y algunos representantes vecinales de La Catalana, con la presencia del regidor del barrio, José Luís Martínez Cardoso, y el regidor de seguridad, Andrés Pozo. "Esperemos que Ruth Soto también esté presente".