La espeluznante historia oculta de la Jefatura de Policía de la Via Laietana

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en su comparecencia en el Parlament para celebrar el debate de política general que cada año tiene lugar a finales de septiembre, puso de nuevo sobre la mesa la reivindicación de que la Policía Nacional desaloje la sede de la Jefatura de Policía de Cataluña, en Via Laietana, para crear en ese edificio un centro de memoria histórica. Es la enésima reivindicación en este sentido. Según los partidarios de ello, el edificio deberá convertirse en un espacio donde se denuncien las torturas de la policía franquista.

La historia, no obstante, tiene tantos claroscuros como lecturas. De hecho, ERC, el partido de Aragonès, ya intentó colar, para este año, una disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado que previera la cesión del emblemático edificio, que finalmente no fue aprobada. Era la cuarta vez que exigían el desalojo de la Jefatura: la primera fue en 2005, luego en 2008, luego en 2017 y, al final, en 2020. En 2017, Joan Tardà logró aprobar en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados una proposición no de ley, pero en ella no se aprobaba ninguna cesión, sino que simplemente decía que “en un futuro, se podría contemplar la reconversión del edificio en un espacio museístico”. En esa comisión sólo se opuso el PP y todos los demás grupos, incluidos Ciudadanos, votó a favor.

“LOS INDEPENDENTISTAS JUEGAN A SU JUEGO”

La apostilla que Esquerra quería introducir en los Presupuestos de 2021 preveía la cesión en un plazo de seis meses y, además del edificio, reclamaba “la parte del archivo histórico de la Jefatura correspondiente a la VI Brigada Regional de Información Social que todavía permanezca en Cataluña, ya sea en las dependencias del mencionado organismo o en otras, como las de la subdelegación del Gobierno estatal (antiguo gobierno Civil)”. También reclaman copia de la documentación incoada en la Jefatura de 1939 a 1977 por dicha Brigada y que esté en otras dependencias, como el Archivo Histórico de la Policía o el Archivo Histórico Nacional. Esta documentación constará de fichas, atestados, declaraciones, órdenes, reglamento interno, correspondencia y material que se considere de interés memorialístico”.

La petición tiene trampa. Los independentistas juegan a su juego. “Desde el Gobierno español no se vería mal convertir el edificio en un espacio relacionado con la memoria histórica e incluso que parte de sus dependencias se reconviertan y otra parte siga albergando dependencias policiales. Pero los independentistas lo reclaman por una cuestión ideológica. Su único interés es echar a la Policía. El secretario de Estado de Memoria Democrática está hablando con todos y trata de conciliar memoria y policía”, explican a Metrópoli fuentes cercanas al Gobierno español.

EDIFICIO CON DOS PARTES DIFERENCIADAS

Estas fuentes se quejan de que “en este tema, todo se politiza y se quiere hacer de la sede de Jefatura un símbolo de la batalla entre España y Cataluña, cuando no debe de ser así”. En realidad, hay algunas asociaciones memorialistas no independentistas que también piden un espacio de memoria histórica, pero están dispuestas a hablar y a dejar que parte del edificio acoja despachos del Ministerio del Interior. Son plataformas muy ligadas al PSUC, el gran partido comunista que llegó a ser el más importante de Cataluña.

Desde círculos independentistas se afirma que la reivindicación no tiene nada que ver con la política. “No es una reivindicación independentista, sino un tema de memoria histórica”. Apuntan a que los comunes, por ejemplo, son tan combativos como ERC o JxCat a la hora de exigir la cesión del edificio. Apelan también a que a la Policía Nacional se trasladaría a un edificio más moderno y funcionarial y saldría ganando. Y en eso coinciden también otros grupos no independentistas, como los socialistas. Pero para ello se necesita antes un nuevo emplazamiento que, de momento, no existe.

EN MANOS DE LA GENERALITAT

Sin embargo, el independentismo va a la suya y exige un “centro de interpretación de la tortura” que abarca, curiosamente, sólo el franquismo. “Queremos un espacio que denuncie la represión y la tortura durante el franquismo”, admiten desde ERC. Pero ahí es donde cojea su interés: en esas mismas dependencias, entonces en manos de la Generalitat republicana, se torturó a mansalva a los anarquistas bajo el mando de siniestros torturadores. ¿Tienen esas víctimas derecho a que se preserve su memoria y se denuncie a sus torturadores?

Los calabozos de Via Laietana estaban, en los años 30 del pasado siglo, en manos de Miquel Badia, responsable de Seguridad Pública de la Generalitat, un siniestro dirigente de Estat Català (partido coaligado con ERC) más conocido como Capitán Cojones, tristemente célebre porque torturaba a los anarquistas y perseguía a los obreros. A algunos detenidos les llevaba ante un muro en la misma Via Laietana y, para divertirse, simulaba su fusilamiento, disparando por encima de sus cabezas. Miquel Badia era un filonazi convencido, un individuo violento que escapó de Barcelona para evitar ir a la cárcel. Volvió en febrero de 1936. El 28 de abril de ese año, fue abatido a tiros por un comando anarquista de la FAI dirigido por Justo Bueno cuando salía de su casa en la calle Muntaner. En ese lugar, se celebra cada año un acto de homenaje por la ultraderecha independentista xenófoba, homenaje al que han asistido desde el expresident Quim Torra (quien confesó que tiene a Miquel Badia como uno de sus referentes del catalanismo) hasta Oriol Junqueras o el republicano Gerard del Moral.

GRUPOS PARAMILITARES DE CORTE FASCISTA

Badia se integró en la organización Bandera Negra, un grupo terrorista que llegó a atentar en 1925 contra Alfonso XIII. Tras ser amnistiado, fue repescado por el Gobierno de la Generalitat durante la República como secretario de Josep Dencàs, conseller de Gobernación, quien acabó huyendo a la Italia fascista y dejándose ver con Benito Mussolini. Dencàs llegó luego a ser el jefe de Estat Català, un partido que se había integrado en Esquerra, y que envió una delegación a Alemania para entrevistarse con representantes del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, la formación liderada por Adolf Hitler.

Badia, gracias a sus contactos, logró ser nombrado jefe de la Seguridad Pública de Cataluña. En esos años de matonismo y violencia gratuita en las calles, se dedicó a torturar anarquistas (la CNT era el sindicato más potente de la época) y a controlar los Escamots, unos grupos de acción directa inspirados en los grupos paramilitares fascistas italianos, que había creado con militantes independentistas para reventar huelgas. Aún así, una gran parte de los líderes de ERC estaba en contra de Badia, de sus métodos y de sus ideas.

UN INTERROGANTE ÉTICO

El recuerdo de la Seguridad de Cataluña en esos años no tiene nada que envidiar al del franquismo. En una época en la que el pistolerismo espoleado desde la Administración era una práctica habitual, lo que ocurría dentro de los muros oficiales era un reflejo de la baja calidad democrática del régimen, aunque hubiese una República instaurada. Y las víctimas de ese régimen tienen tanto derecho como las víctimas del franquismo a que se les reconozca las injusticias que se cometió con ellas.

Por ello, la actual reivindicación del edificio como espacio memoralístico abre un interrogante ético en la reivindicación del independentismo. Si ha de servir para recordar las torturas y los atentados contra los más elementales derechos humanos, debería recoger también los crímenes cometidos por Miquel Badia y sus funcionarios o, de lo contrario, se convertiría en solo una herramienta ideológica al servicio de una facción política. La historia de Via Laietana no es patrimonio del franquismo, sino de todos los que en ese edificio trabajaron y quebrantaron las leyes. Las brigadas de Badia y los escamots de camisas pardas que éste controlaba no difieren, en realidad, mucho de la policía franquista que le tomó el relevo. Pero da la impresión de que se quiere hurtar a la memoria histórica lo que pasó en la sede de la Jefatura Superior de Policía antes de la llegada de Franco. Y los catalanes, especialmente las víctimas torturadas y asesinadas allí, no se lo merecen.