Un juez de Barcelona permite que un niño de nueve años y alumno de cuarto de primaria de una escuela pública de la ciudad pueda ir a clase sin mascarilla, después de que su familia lo pidió adjuntando certificados médicos que "acreditan que el uso de la mascarilla le genera cefaleas intensas, vómitos y trastornos neurovegetativos".
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado Contencioso 7 de Barcelona ratifica la medida que hace un mes había tomado de manera cautelarísima, a las puertas del inicio del curso.
TODO EL CURSO
Esta confirmación, aún cautelar, implica que el niño podrá ir a la escuela sin mascarilla hasta que haya juicio --aún sin fecha-- y el juez dicte una sentencia firme, lo que el abogado de la familia, Víctor Morales, prevé que sea después de junio, de manera que el menor "con toda probabilidad estará todo este curso" sin llevarla.
El juez explica que mantiene la medida provisional porque lo contrario haría perder la "finalidad" del recurso de los familiares --el niño tendría que llevar mascarilla todo el curso a la espera de juicio--, y también se basa en los informes médicos sobre los daños físicos que causa al menor.
MOLESTIAS Y PERJUICIOS FÍSICOS
Considera que estas "molestias y perjuicios físicos justifican" mantener el permiso para que no use la mascarilla, y reprocha a la Generalitat sus críticas hacia los certificados médicos que presentó la familia para apoyar su petición.
En este sentido, sostiene que un médico no tiene por qué hacer referencia a la normativa --la obligación de mascarilla-- por la que emite un certificado, y reprocha que la Generalitat pretende "atribuirle un papel jurídico que en absoluto le corresponde".
LAS OTRAS PERSONAS YA ESTÁN PROTEGIDAS
El juez defiende "la prevalencia del interés particular del menor, encarnado por el perjuicio físico que sufre" frente al interés general de los otros alumnos y docentes porque cree que el resto ya están protegidos con el uso obligatorio de la mascarilla dentro de la escuela.
Por eso, tacha de "un tanto tremendista la posición de la Administración, aludiendo a un colapso del sistema sanitario y a la vida, integridad física y salud de las personas", y el juez afirma que no cuestiona las restricciones sanitarias en vigor pero debe protegerse de la salud del menor