Comisiones Obreras ha denunciado este martes que la empresa barcelonesa de reparto Glovo incumple la normativa. Hace tres meses entró en vigor la popular ley Rider que obliga a este tipo de negocios a contratar a sus repartidores. ¿No lo está haciendo el negocio de Oscar Pierre?
El sindicato, a través de un comunicado, ha afirmado que los repartidores de Glovo siguen siendo falsos autónomos. Además, desde CCOO subrayan que la firma ha llevado a cabo cambios en su aplicación para “intentar eliminar los indicios de laboralidad”, lo que acaba por reducir los ingresos de los empleados hasta el punto de dificultarles el pago de su cuota de autónomo y de los abonos trimestrales del IRPF y del IVA.
FALSOS AUTÓNOMOS
CCOO ha asegurado que gran parte de los riders de Glovo "se están endeudando con la Agencia Tributaria" y, al no estar al día de la cuota de autónomos, no pueden acceder a la formación subvencionada para mejorar su inserción laboral.
El sindicato ha señalado que continuará denunciando los abusos que detecte ante la autoridad laboral y no descarta movilizaciones.
Un repartidor de Glovo en una imagen de archivo / EFE
'LEY RIDER'
La llamada ley rider obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores. La normativa entró en vigor el pasado 12 de agosto en Barcelona fruto del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.
La ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. Asimismo, contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.
CRÍTICAS
La norma fue muy criticada por asociaciones de repartidores. Entre ellas, la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que engloba a las principales plataformas de food delivery en España, Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, que advirtió en su día de que esta ley pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español.