El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) apuesta porque un abogado acompañe a las personas endeudadas o insolventes en los procedimientos de segunda oportunidad en los juzgados. Martí Batllori e Yvonne Pavía, entre otros miembros del colegio lo han explicado este lunes en el I Congreso Europeo de Segunda Oportunidad que el colegio acoge esta semana.
La Ley de segunda oportunidad se aprobó en 2015 y actualmente es necesario contar con un abogado para encarar el procedimiento en un juzgado. El Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley para transponer a la legislación estatal una directiva europea sobre la materia, que pretende homogeneizar los criterios para este mecanismo en la UE.
SEIS AÑOS DE FORMACIÓN
Actualmente, la Ley prevé que las personas afectadas puedan acogerse a la segunda oportunidad sin necesidad de que les represente un abogado, algo que no ha ocurrido en algunos países que ya han incorporado la directiva europea a su legislación, como Italia. Sin embargo, el Icab defiende que es necesaria la intervención de la abogacía en estos procedimientos para asegurar que se tramiten correctamente.
Miguel Ángel Salazar ha destacado que la abogacía lleva seis años formándose sobre este mecanismo --desde que se aprobó la ley en 2015-- y cree que "no se entendería este cambio alegando un coste, porque la justicia gratuita da derecho a un abogado de oficio, supondría desproteger a los más débiles".
"CAMBIO DE PARADIGMA" Y EFECTOS DEL COVID
Pavía ha explicado que Cataluña es una de las comunidades autónomas que más ha aplicado el mecanismo de segunda oportunidad desde que se aprobó la Ley en 2015 con un 30% de procedimientos del total en España. Ha destacado que será "aún más necesario" ante la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, porque se dirige tanto a personas que tenían actividad económica --incluyendo autónomos y empresarios-- como a asalariados endeudados por préstamos personales o hipotecas, entre otras posibilidades.