Durante la pandemia, el gobierno municipal de Ada Colau realizó numerosas obras y actuaciones de urbanismo táctico que afectaron a la movilidad de la ciudad. Ahora, el Tribunal de Cuentas no ve justificado que el Ayuntamiento tramitara por la vía de emergencia a causa de la Covid-19 estas actuaciones. Entre estos trabajos se encuentran la polémica ampliación de las aceras en la Via Laietana y en las calles de Rocafort, Girona y Consell de Cent, y los cortes de tráfico en los laterales dela Diagonal y la Gran Via.
El informe del Tribunal de Cuentas ha encontrado deficiencias en la justificación del procedimiento urgente en el 14% de los contratos fiscalizados al Ayuntamiento de Barcelona, entre estos contratos hay cinco por un importe de 1,9 millones de euros en concepto de actuaciones en el espacio público, según avanza Nació Digital.
SIN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS SANITARIAS
El tribunal cree que no se ha acreditado la relación de las obras contratadas con medidas necesarias para hacer frente a la situación sanitaria, ni que los trabajos se limitasen a "lo estrictamente indispensable" para atender a dicha situación.
El informe también indica que en algunos contratos las facturas incluyen un IVA del 21% a pesar de estar exentos, según el real decreto ley 15/2020, lo que afecta a tres contratos relacionados con la compra de mascarillas y otros productos sanitarios.
"CONCENTRACIÓN DE ADJUDICATARIOS"
Al examinar los contratos, el Tribunal de Cuentas también ha detectado una "concentración de adjudicatarios" y ha apuntado que, con otra planificación se hubieran podido tramitar por la vía ordinaria de urgencia y no recurriendo a la vía extraordinaria.
Otro de los contratos hace referencia a un servicio de secretaria técnica para la definición y elaboración del dossier de Barcelona para la captación de los fondos europeos, con un coste de 88,939 euros, y que según el tribunal "no tiene ninguna relación con las necesidades inmediatas derivadas de la situación sanitaria causada por la Covid-19 ni con los supuestos de tramitación de emergencia".
Este informe del Tribunal de Cuentas analiza los contratos tramitados por esta vía excepcional, para la que no era necesaria convocar un concurso público, para 12 ayuntamientos del estado con más de 300.000 habitantes, entre los que están Madrid, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Bilbao, Alicante, Valencia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria y Córdoba.
MOMENTOS EXCEPCIONALES
El teniente de alcalde de Cultura y concejal de Presupuestos de Barcelona, Jordi Martí, ha asegurado en declaraciones a la prensa tras la rueda de prensa sobre el belén de la plaza de Sant Jaume que el informe del Tribunal de Cuentas "no dice nada de especial gravedad" o que les preocupe.
"Vivimos momentos muy excepcionales en los que creo que se tomó la decisión acertada de flexibilizar los sistemas de contratación", y ha subrayado el importante trabajo que realiza el tribunal, aunque ha enmarcado este informe en la excepcionalidad por la pandemia de la Covid, según él.