El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este viernes la actualización del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), que regula la implantación de todos los establecimientos turísticos de la ciudad. Unos cambios que afectan princialmente a los pisos turísticos –los llamados HUT– y los pisos compartidos.
Por lo que respecta a los primeros, el nuevo texto prohibe que si un propietario cierra su alojamiento para usos turísticos en la denominada zona 2 de Barcelona (que incluye los barrios que rodean el centro de la ciudad, como Sagrada Família, Nova Esquerra de l'Eixample, Vila de Gràcia o Baix Guinardó) pueda abrir otro en la misma zona, algo que hasta ahora sí estaba permitido.
De este modo, esta área de la capital pasa a ser considerada "de decrecimiento", como ya lo son los barrios del centro. Por el contrario, sí podrán reabrir con otro alojamiento en la zona 3 (que incluye zonas más apartadas, como al Sagrera, Vallcarca y Sarrià), siempre y cuando no lo hagan en edificios exclusivos o en los que ya hubiese una entidad destinada al mismo fin.
SE MANTIENE EL VETO A LAS HABITACIONES TURÍSTICAS A LA ESPERA DE UNA ORDENANZA MUNICIPAL
Además, por lo que se refiere a los pisos compartidos la actualización del documento contempla que se regule a posteriori con una ordenanza municipal, que será motivo de "revisión o modificación puntual" del PEUAT. Aun así, el texto mantiene la prohibición de alquilar habitaciones turísticas por periodos inferiores a 31 días. Sí se podrá seguir alquilando a estudiantes o trabajadores temporales con contratos de más de 31 días en viviendas de uso habitual y larga duración, o si la vivienda se convierte en piso compartido entre el anfitrión y otro inquilino.
ENFRENTAMIENTO ENTRE COMUNES Y PSC
La actualización del PEUAT, que ha sido motivo de discrepancia entre BComú y PSC, se votará definitivamente en el pleno del 23 de diciembre. Sin consenso en el seno del gobierno municipal, ambos partidos han dejado en el aire la posibilidad de acordar esta nueva ordenanza –sin un calendario fijado– para regular el alquiler de habitaciones, algo que rechazan los comunes y piden los socialistas. Esta ordenanza debería servir para resolver otros problemas como la inspección y el control de este tipo de actividades.