Una oficina de la Seguridad Social, okupada. Y va para largo. Los vecinos de un inmueble, en la calle Reus de Barcelona, en Sant Gervasi, han puesto el grito en el cielo y se esfuman, por el momento, sus esperanzas de que el asunto se resuelva con celeridad. Una familia rumana, que se instaló en esa oficina del Estado, se ha hecho fuerte y ha comenzado a hacer reformas, con la retirada de los tubos del aire acondicionado y la entrada de muebles.
¿Por qué? Los vecinos habían conseguido algo excepcional en estos casos y es que el juez los había admitido como acusación particular. La vía penal –mientras que la Seguridad Social, propietaria del inmueble, había seguido la vía administrativa—podía asegurar un juicio rápido y favorable para que la familia abandonara el local, en los bajos de la calle Reus. Pero sin sentencia firme, el juez no tomará ninguna decisión y desestima las medidas cautelares que pedía el abogado de los vecinos para que ese desalojo fuera inmediato.
A LA ESPERA DEL JUEZ
El desalojo acordado en la sentencia se entiende que no es cautelar, y, por tanto, no será inmediato. El juez si deja abierta la posibilidad de que, aunque la familia recurra la sentencia, se pueda aplicar la ejecución de la cautelar. El hecho es que la oficina de la Seguridad Social, que se encontraba cerrada y sin utilización, seguirá okupada por la familia rumana, que ha considerado que todavía dispone de tiempo para seguir en ella, aunque la oficina no está concebida para ser un domicilio habitable.
Instalaciones retiradas de la oficina de la Seguridad Social en la calle Reus / MA
Además, y con asesoramiento legal, la familia ha presentado alegaciones a la vía administrativa que siguió la Seguridad Social, con el ánimo de demorar todo lo posible cualquier decisión.
En las últimas horas los vecinos han comprobado como, a través de una furgoneta, se han ido introduciendo muebles en la oficina, y se dejaban en la calle tubos del aire acondicionado, lo que indica que se han acometido reformas.
El temor es que se pueda provocar algún incidente, como ocurrió en la plaza Tetuán, en una oficina bancaria, que acabó con los cuatro miembros de una familia fallecidos. En este caso, los vecinos viven en un barrio acomodado, que han visto cómo se okupaba una oficina que llevaba meses cerrada.
Una furgoneta, en la entrada de la oficina de la Seguridad Social en la calle Reus / MA
La familia, de nacionalidad rumana, con dos niños de seis y ocho años, se instaló en los bajos de ese inmueble de pisos. Y los vecinos comenzaron a movilizarse tras comprobar que se había “pinchado” la luz. El hecho de que la familia “invadió” zonas comunes, posibilitó que el juez reconociera a la comunidad de vecinos como acusación particular. Pero el embrollo jurídico va para largo, como ha podido comprobar Metrópoli a través de las fuentes jurídicas que llevan el caso.