Hace muchos años, los vecinos de Nou Barris vieron brillar en el mítico campo de fútbol de la Damm a un pequeño torpedo llamado Lionel Messi. Cualquiera que se haya enfrentado (profesional o aficionado) al potente club de la cerveza catalana conoce el modesto y asfixiante campo del barrio de Porta, abandonado desde 2012. En esta cantera futbolística –una de las mejores de Cataluña– se forjaron Gerard Moreno, Aleix Vidal y Cristian Tello. Damm vendió el terreno en 2019, lo que supuso el punto y final a la trayectoria futbolística en esta zona. Hoy, sus estrechos vestuarios tienen otros inquilinos: un hombre español en situación vulnerable y a siete hombres marroquíes en la misma condición, en su caso agravada por su situación irregular.
Carlos (nombre ficticio) y sus seis compatriotas comparten un mismo presente: no tienen papeles, trabajo ni casa y malviven desde hace 15 meses instalados en las duchas de del campo, convertido desde hace años en un descampado de matorrales. El Ayuntamiento de Barcelona, propietario de la instalación desde 2019, quiere desalojar a los ocho inquilinos. Un juez ha ordenado el desahucio para el 15 de febrero, pero los ocupantes piden más tiempo para evitar la calle.
"NO QUIERO VOLVER A OKUPAR, ES PELIGROSO"
"Nunca he dormido en la calle. De verdad. ¡El año pasado murieron 18 personas a causa del frío!", exclama preocupado este joven de 30 años. En realidad se refiere a 2020. En 2021 murieron más de 60 personas que vivían o habían vivido en las calles de Barcelona, según la Fundació Arrels.
A pesar de la proximidad del desahucio este hombre –con experiencia laboral como camarero– descarta okupar otro lugar. "No lo quiero probar. Es peligroso. No tengo miedo, pero no puedo hacerlo. Somos buenas personas, no tenemos problemas con nadie", afirma. Cuenta que aprende catalán gracias a un curso ofrecido por los servicios sociales del consistorio, la misma administración que ahora quiere expulsarlos de este espacio destinado a usos deportivos. El conseller de districte del PP de Nou Barris, Javier Barreña, coincide con los ocupantes. Tiene constancia de la situación por los vecinos que, durante este tiempo, no le han transmitido ninguna queja.
El gobierno de Ada Colau mantiene abierto un proceso participativo para elegir el futuro del espacio. Hay muchas propuestas: una zona verde, una área de juegos infantiles, un aparcamiento, una biblioteca, un centro deportivo, una zona para patinar, un casal de jubilados y hasta un centro de investigación sobre el coronavirus. El 17 de febrero el consistorio dará a conocer la propuesta final. Poco les importa el futuro del campo a Carlos y a sus siete ocupantes. Piden más tiempo para realojarse en un lugar en condiciones, pero los días pasan y se ven abocados a la calle.
MANTAS Y MUCHA ROPA
Ahora no tienen casa ni empleo, pero sí un techo (sin agua), como subraya este hombre que no ingresa un solo euro desde hace demasiado tiempo. En la intemperie, sin ningún mínimo de confort las cosas empeoran aun más. "Desde la calle no podemos hacer cosas buenas. ¿Dónde como? ¿Dónde me ducho? ¿Dónde estudio? ¿Dónde cargo mi móvil?", pregunta al aire. "Hay gente que no tiene paciencia y se dedica a robar, matar o a hacer cosas malas. Pero nosotros tenemos paciencia", clama.
Los fríos vestuarios están repletos de ropa que descansan en un tímido orden en estanterías, muebles y cualquier soporte sacado de la calle. Uno de los compañeros de Carlos (los tres hombres entrevistados por Metrópoli piden mantener el anonimato) prepara un té con una plancha eléctrica, instrumento que también usa para cocinar. Tienen luz, pero el agua la sacan de una fuente pública con garrafas. Las paredes son de cemento y el techo irregular de chapa ofrece espacios por donde se cuela el aire. Por la noche el hombre combate el frío con mantas y muchas capas de ropa.
EL AYUNTAMIENTO: "ES UNA INFRAVIVIENDA"
Desde el distrito de Nou Barris una portavoz del Ayuntamiento señala que el lugar es una "infravivienda" y que los servicios sociales acompañan a siete personas. Apuntan, además, que el distrito cuenta con equipamiento de atención a personas sin hogar. Fuentes municipales recuerdan que las personas en situación de "irregularidad administrativa tienen limitada el tipo de atención que pueden recibir". Uno de los ejemplos que ponen desde el consistorio es la imposibilidad de inscribirse en la mesa de emergencia de vivienda. Uno de los inmigrantes explica que podría costearse el alquiler social de una habitación. "Vendo chatarra y podría pagar unos 150 euros", comenta.
El conseller Barreña reclama al gobierno municipal que "antes de echarlos" busque un piso de emergencia social para realojarlos y que los servicios sociales se encarguen de gestionar una solución definitiva. "El Ayuntamiento tiene que tratar estos temas con mucha más delicadeza. La gente se debe sentir protegida y segura con el consistorio. Hay mucha frialdad por parte de la administración y no deja ser curioso que que ocurra con Ada Colau.
Víctor, otro sobrenombre para designar a uno de los ocupantes, es seguidor del Barça. "Sobretodo cuando jugaba el tiki taka", dice moviendo los brazos imitando los característicos movimientos de Guardiola cuando daba instrucciones a los suyos. Tiene experiencia como albañil y hace poco volvió de Lleida cabizbajo. "No hay trabajo, aun no hay fruta que recoger", se lamenta. Carlos vendió ropa interior con una señora durante un tiempo. Eso también se acabó.
"TENEMOS DERECHO A TRABAJAR"
Los protagonistas de este artículo han pasado por Madrid o Bilbao, pero prefieren Barcelona. "Aquí hay más libertad para moverte. En Madrid te paran automáticamente para pedirte la documentación", dice Víctor. Pero estas situaciones también se dan en el Raval. A un amigo suyo, dice, le pararon cuando iba a comprar carne. "Lo expulsaron cinco años con la prohibición de entrar en Europa. No teníamos droga ni habíamos robado nada", explica. Carlos antepone la capital catalana por la playa que le recuerda a Tetuán, su ciudad
Los okupas del antiguo campo de la Damm encadenan trabajos precarios en negro que les impiden regularizar su situación. Es el infernal bucle en el que se ven envueltos muchos inmigrantes. "La gente tiene miedo de contratarte porque no quieren pagar la multa de Inspección de Trabajo, que puede ser de 10.000 euros. ¿Por qué la gente sin papeles no tiene derecho a trabajar?", pregunta Carlos.
Los matorrales crecen sin control en el antiguo terreno de juego del CF. Damm / GUILLEM ANDRÉS