El proyecto de remodelación de las Casas Baratas del Bon Pastor continúa en el foco de la polémica. El colectivo Avis del Barri denunció el pasado 28 de enero a la totalidad de la "Comisión de Gobierno del Ayuntamiento", al Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (anteriormente conocido como Patronat Municipal de l'Habitatge) y a algunos de sus antiguos miembros por presuntas irregularidades en la fase 3 de esta iniciativa.
La denuncia, que incidía en la responsabilidad de la alcaldesa, Ada Colau, y la regidora de Sant Andreu, Lucía Martín, entre otros miembros del gobierno municipal y del IMHAB, señalaba varios presuntos delitos. Concretamente, apuntaba a "apropiación indebida, prevaricación, falsedad documental, maquinación fraudulenta, desobediencia, infidelidad en la custodia y omisión en el deber de perseguir delitos".
En su providencia, la jueza reconoció la existencia de "delito prescrito", lo que ha llevado a la parte denunciante a interponer un recurso de reforma admitido a trámite por la magistrada al considerar que los hechos entonces denunciados siguen siendo "actuales y semejantes, cuando no iguales", en la fase 4 del proyecto de remodelación.
IRREGULARIDADES EN FASE 3
El colectivo vecinal denunció, sobre la fase 3, que el Ayuntamiento no cumplió con "las fechas, tiempos y plazos tasados de tramitación" que tienen amparo legal en el "Decreto Legislativo 1/2010" por el que se aprueba una Ley de Urbanismo que obliga a que se realice "aprobación inicial, exposición pública y aprobación definitiva de los proyectos urbanísticos".
Así, el escrito apuntaba que el consistorio mantuvo más allá del tiempo establecido la fase de exposición pública siendo conocedor de ello, lo que le permitía seguir cobrando alquileres hasta llegar a la aprobación definitiva del proyecto y respaldaba el presunto delito de prevaricación y otros previstos en la denuncia.
Casas baratas en el barrio del Bon Pastor / AJ BCN
Según el colectivo denunciante, los vecinos afectados pagaron alquileres comprendidos entre los "50 y los 400 euros", unas cuantías que fueron cobradas por el Ayuntamiento "ilegalmente" durante "10 meses y 10 días". Por ello, "el desfase del cobro ilegal podría elevarse a no menos de 300.000 euros".
HECHOS IDÉNTICOS
La jueza apuntó en la providencia que, aunque veía "delito" en los hechos, lo declaró "prescrito" y, por ende, "extinguida la responsabilidad penal que pudiera derivarse del mismo". Esta determinación llevó a Avis del Barri a interponer un recurso de reforma al considerar que los delitos señalados en la denuncia sobre las irregularidades en la tercera fase también se están cometiendo en la fase 4, siendo éstos "actuales" y "no prescritos".
En la ampliación de la denuncia inicial para tratar los hechos acaecidos en la cuarta fase del proyecto de remodelación de las Casas Baratas, el colectivo vecinal señala que los afectados recibieron, el "3 de marzo de 2021", una "comunicación documental del Ayuntamiento de Barcelona, firmada por el Gerente del IMHAB, Gerard Capó Fuentes", en la que se detallaba conforme se había "aprobado Inicialmente el Proyecto de Reparcelación del Polígono de Actuación Urbanística 4 de la Unidad de Actuación B de la Modificación del Pla General Metropolità de las Casas Baratas del Bon Pastor, con Expedientes Números 20G150 Y 20G151 y con fecha de registro de dicha comunicación de 24/02/2021".
La parte denunciante apunta que se trata de un "dato falseado" para "dar apariencia del inicio de tiempos normativos", ya que dicha aprobación "fue firmada por la Comisión de Gobierno el 30 de julio de 2020" y "publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) el 6 de octubre de 2020".
Bloque en construcción para los inquilinos de las Casas Baratas del Bon Pastor / MA - JORDI SUBIRANA-
COBRO DE ALQUILERES
Avis del Barri recuerda en el escrito que "la exposición pública tuvo que ser legalmente del 6 de octubre al 6 de noviembre de 2021", y que la "aprobación definitiva tuvo que firmarse máximo el 6 de enero de 2022". En esa fecha, las viviendas debían quedar "legalmente en precario, extinguiéndose los contratos de arrendamiento y dejando de cobrar los alquileres". El colectivo vecinal asegura que el consistorio realiza un "cobro presuntamente ilegal de alquileres" durante "nueve meses y 25 días" respaldándose, el Ayuntamiento, en la carta enviada a los afectados en la que el 24 de febrero de 2021 apuntaba que se abría "el periodo de alegaciones" cuando éste estaba "más que vencido en dicha fecha".
En el caso de la fase 4, la ampliación de la denuncia inicial se dirigió a la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, el Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), el distrito de Sant Andreu del Palomar, la actual regidora de Sant Andreu y presidenta del IMHAB, Lucia Martin González; la alcaldesa, Ada Colau; y el Gerente del IMHAB, Gerard Capo Fuentes.
El recurso de reforma presentado en el juzgado, amparado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, considera que los hechos declarados "prescritos" por la jueza resultan "actuales" en la fase 4 del proyecto de remodelación, recuerda que se repite el cobro presuntamente ilegal de alquileres e insiste en que el Ayuntamiento ya fue sancionado por la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) por "incumplimiento de plazos urbanísticos documentales". El colectivo vecinal concluye que "los hechos denunciados se han visto corroborados por pruebas objetivas y nada menos que por entes públicos", y "concurren en la causa indicios suficientes para poder afirmar en el presente estadio procesal que a nuestros representados les ocasionaron dolo y merma de derechos". La justificación ha hecho que la jueza admita a trámite el recurso por lo que la querella sigue adelante.
PROCESO SUJETO A LEY
Fuentes municipales aseguraron en declaraciones recientes a este medio que el proceso ha estado sujeto a ley en todo momento, así como que el cobro de alquileres se realizó como marca la normativa.