La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves archivar provisionalmente la causa abierta contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las subvenciones a entidades afines. Una investigación que arrancó con la denuncia de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) por presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias.
En su escrito, el fiscal se opone al sobreseimiento libre que reclama la defensa de la alcaldesa pero pide al juez que dicte el sobreseimiento provisional de la causa. Asimismo, acusa a la asociación demandante de hacer un "ejercicio de imaginación carente de la más elemental base" al vincular las ayudas municipales a entidades como la Plartaforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la Alianza contra la Pobreza Energética al pasado de activista de Colau.
Según el Ministerio Público, en el caso de seguir esta línea lo que haría sería una "injusta preterición de las entidades afectadas como candidatas a percibir una subvención, en atención al nuevo estatus político de una de sus miembros", como ocurre con el Observatorio Desc, del que Colau fue trabajadora.
Asimismo, recuerda que la alcaldesa ha delegado la competencia de concesión de subvenciones en los órganos administrativos de las distintas áreas y gerencias, y que en cualquier caso las comisiones investigadas fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Gobierno. Igualmente, constata que Colau "no dicta ni una sola resolución –arbitraria o no– en los expedientes administrativos investigados ni, en consecuencia, lo puede hacer a sabiendas de su injusticia"
EL JUEZ RECHAZA BUSCAR MÁS IRREGULARIDADES
Hace tan solo una semana, el juez que investiga el caso rechazó buscar más presuntas irregularidades en todos los expedientes afectados, descartando así una nueva petición de la ATCD.
El magistrado consideró que la petición de los denunciantes suponía "solicitar una investigación prospectiva", que la ley prohíbe. Además indicó que, en todo caso, deberían señalar los expedientes concretos en los que haya participado la alcaldesa y de los que sospechen. En su auto, el juez también advirtió de que no se puede convertir la investigación en "una causa general contra el gobierno del Ayuntamiento".