El juzgado número 5 de Badalona ha aceptado a la plataforma Airenet como acusación particular en la denuncia por presunto delito ecológico de la Fiscalía contra Tersa y el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia. Así lo ha anunciado el colectivo en rueda de prensa este miércoles, en la que ha comparecido acompañado de sus abogados, Francesc P. Jufresa y Mónica Jufresa.
Silvina Frucella, portavoz de la plataforma, ha denunciado la "protección y el amparo del Ayuntamiento de Barcelona y el AMB" hacia una incineradora contaminante que realiza "prácticas fuera de la ley", tal y como ha quedado demostrado con las "dos sanciones de la Generalitat" hacia Tersa. "Queremos que se sepa la verdad y, si se tienen que depurar responsabilidades, que se haga. Tenemos derecho a respirar aire puro, y ellos la obligación de cumplir con la ley. Este Ayuntamiento tendría que aplaudirnos de pie, somos el vivo movimiento que dijeron que querían ver en la ciudadanía", ha expresado Frucella.
La miembro del colectivo ha recordado la voluntad de "cierre de Tersa", y ha anunciado el lanzamiento de una campaña de crowdfunding en Goteo [enlace aquí] para sufragar los gastos legales que conlleve el proceso.
IMPUTACIÓN DE JANET SANZ
El letrado Jufresa ha afirmado que reclamarán la imputación de Janet Sanz" debido a su responsabilidad en la incineradora en años anteriores, y ha lamentado que se esté produciendo una "gestión mafiosa cuando los empleados no se atreven a denunciar prácticas muy graves".
El abogado ha recordado que, gracias a esta aceptación de la juez, pueden "interrogar a testigos, investigados y proponer diligencias de investigación periciales para acreditar los efectos del delito".
En este sentido, Jufresa ha asegurado su voluntad de procurar que "todo el mundo que conozca hechos relevantes declaren en este proceso" contra Tersa y Badia.
AGRAVANTES
Respecto a posibles agravantes contra el consistorio barcelonés, el letrado ha indicado que uno de ellos será su negativa a "instalar sistemas de medición ambiental". Jufresa también ha recordado los informes de la Unión Europea al Ayuntamiento por los elevados niveles de contaminación en la ciudad.
Jufresa ha remarcado que "las penas a las que se pueden enfrentar son graves", especialmente para las "personas jurídicas", por lo que podrían llegar al "cierre de la actividad".