El Ayuntamiento de Barcelona decidió el sábado, 23 de julio, exigir a Airbnb la retirada de 4.100 anuncios de habitaciones en la plataforma. Entre 5.000 y 7.000 familias de Barcelona –según la asociación Amficat (Amfitrions de Llars Compartides de Catalunya)– que comparten su hogar habitual con viajeros de todo el mundo, se encuentran ahora en una situación muy compleja.
Viajeros, estudiantes e incluso empresarios encuentran en casas ajenas un lugar donde hospedarse de forma temporal –por menos de 31 días– con múltiples beneficios que no ofrece un hotel o un apartamento turístico convencional. No obstante, el Ayuntamiento de la capital catalana prohíbe esta práctica. “Es la única ciudad europea que limita la actividad”, aseguran desde Amficat. Con la exigencia de quitar los anuncios a las plataformas lanzada el sábado, el consistorio pretende esquivar un largo e impopular proceso de inspección y de sanciones a miles de familias que necesitan de estos ingresos para llegar a final de mes.
El concepto de hogar compartido –homesharing– se confunde, en muchas ocasiones, con los pisos turísticos. “El consistorio mete a los dos modelos en el mismo saco y esquiva aplicar una regulación concreta y lógica”, apunta Conxa Vilaplana, portavoz de la asociación de anfitriones.
REVISIÓN DEL PEUAT
El famoso PEUAT (Pla Especial Urbanístic d'Allotjament Turístic) se aprobó el pasado diciembre con los votos favorables de comunes, socialistas y republicanos. Así, el plan cerraba la puerta a la instauración de nuevos pisos turísticos en el centro de la ciudad.
Desde el consistorio se comprometieron a regular los hogares compartidos a través de una ordenanza, pero desde entonces no ha habido ningún paso en esta dirección. No obstante, según denuncia Vilaplana, en la revisión de este plan no se tuvo en cuenta la distinción de los hogares compartidos. En esta línea el concejal de turismo del PSC, Xavier Marcé, se desmarcó de los comunes en la gestión de viviendas compartidas. El edil apuntó a la necesidad de “discutir la ordenanza y ver las alegaciones y propuestas” de los afectados.
EL GREMI D'HOTELS, CON COLAU
En ese debate se produjo un hecho paradójico: el Gremi d'Hotels apoyó a Colau frente a la oposición del PSC. El Gremi se mostró “a favor” de haber endurecido las condiciones en contra de los propietarios particulares que alquilan habitaciones, ya que lo asocian a una práctica que desarrollan inversores profesionales y la ciudad “se degrada”, según fuentes de los hoteleros, con ese turismo “de habitación”.
Ante esta acusación, Amficat asegura que el homesharing aporta valor a la ciudad: “las familias acogen a huéspedes y conviven con ellos, no hay lugar para la degradación”. Además, insisten en su aportación para los ciudadanos de Barcelona, ya que la prohibición tiene un "impacto muy directo" en las vidas de las familias que consideran el alquiler de habitaciones por días como una "fuente de ingresos imprescindible".
MÁS DE 31 DÍAS
Después de años pidiendo una regulación de los hogares compartidos, los anfitriones denuncian que viven una situación que es un auténtico “sinsentido”. Reclaman que, en las numerosas reuniones que han tenido con el consistorio, siempre reciben la misma respuesta: “el alquiler está permitido para estancias de más de 31 días”.
Así lo remarca Janet Sanz, la teniente de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, en cada pleno municipal en el que alguna formación insiste en distinguir el homesharing de los pisos turísticos. “Siempre da la misma respuesta. No tiene ningún sentido responder a nuestras necesidades con la regulación de un servicio totalmente distinto”, insisten desde Amficat.
LOS BENEFICIOS DEL 'HOMESHARING'
Según cuenta Vilaplana, Sanz se encierra en el argumento de los más de 31 días porque cree que una estancia menor podría hacer que "los hogares compartidos terminen siendo nuevos pisos turísticos ilegales".
Desde la asociación instan a la teniente de alcalde a "no hacerles pagar por los platos rotos". Amficat niega que el homesharing pueda saturar las plazas turísticas o el centro de la ciudad, ya que comporta una mayor dispersión. Además, asegura que es una práctica que fomenta el comercio de proximidad y de barrio gracias a la relación entre el huésped y el anfitrión, algo que no sucede en el resto de opciones de alojamiento temporal.
COMPARACIÓN CON AMSTERDAM
Mientras miles de barceloneses afectados pierden la paciencia ante las demoras del Ayuntamiento en la regulación del conflicto, el gobierno de Ada Colau continúa tratando de equiparar sus políticas turísticas con el modelo de otras ciudades como Amsterdam.
La edil cree que la alcaldesa de la ciudad holandesa, Femke Halsema, lleva a cabo las mismas políticas que ella. Pero se equivoca. En una reunión de este junio, Colau aprovechó para anunciar la recuperación de la actividad inspectora frente a los pisos turísticos. Pero para su sorpresa, Amsterdam ha rectificado en esa línea y no impondrá multas por infringir normas de alquiler turístico, como señalaba el diario de la capital holandesa Het Parool. Lo contrario a lo que hace el gobierno de Barcelona.
ÚNICA CIUDAD EUROPEA
Lo que la alcaldesa oculta al abrazarse con Halsema es que, en su plan de regulación turística, los hogares compartidos no están prohibidos: de hecho lo fomentan porque son conscientes de que es una medida que ayuda a las familias. Además, permiten que el anfitrión alquile la casa entera durante 45 días al año con un permiso de la administración local –que es muy sencillo de tramitar–.
Así, Barcelona se posiciona como la única ciudad europea que prohíbe “un modelo turístico que atrae visitantes de calidad y ayuda a los ciudadanos”, lamentan desde Amficat.