Admitida a trámite la querella del guardia urbano al que se vetó hablar en castellano

Admitida a trámite la querella criminal en el ámbito penal que el cabo de la Guardia Urbana, F.G.B., presentó el pasado 26 de mayo contra una inspectora del mismo cuerpo policial, M.C. de L., y una psicóloga, N.S.M. Ambas presuntamente formaron parte del tribunal en el proceso selectivo interno en el que F.G.B. participó para ascender a sargento y en el que se le prohibió hablar en castellano en una de las pruebas el 30 de julio de 2020.

Según la documentación del Juzgado de Instrucción Número 5 de Barcelona a la que ha tenido acceso Metrópoli la querella es por los delitos de prevaricación, falsificación documental y delito cometido por funcionario público. Tanto la inspectora M.C de L. como la psicóloga N.S.M. tendrán que declarar el 21 de noviembre de 2022. Eugenio Zambrano, secretario de Organización de CSIF, el sindicato que acompaña a F.G.B. en este proceso, subraya que declararán en calidad de investigadas.

EL CABO YA GANÓ EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

La querella llega después de que F.G.B. ganara un contencioso administrativo contra el consistorio. El cabo denunció la discriminación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona. El fallo de la jueza, emitido el 17 de marzo, es muy claro: obliga al consistorio a repetir la prueba al aspirante y a que éste pueda responder en el idioma cooficial de Cataluña que escoja, avanzó Metrópoli en exclusiva el pasado 4 de mayo.

En la sentencia judicial se expone que los hechos denunciados por F.G.B. quedan probados porque un testigo, un observador sindical, corroboró la versión del policía. Ante la magistrada, el representante de UGT, J.M., explicó que cuando F.G.B. pidió hacer la entrevista en castellano se le negó tal posibilidad. 

Zambrano ha alertado que el cabo todavía no ha podido repetir el examen de la oposición en castellano. La negativa a poder hablar en castellano tuvo lugar en la prueba de personalidad y competencias. Con anterioridad a ella, el policía había sacado un 8,6 y un 8,5 en los exámenes teórico y práctico y ocupaba el puesto 23 en un proceso selectivo de 130 aspirantes para 50 plazas de sargento. En la entrevista logró un 2,75 sobre 10, dijo el propio interesado a este medio.

Metrópoli ha pedido este lunes, 12 de septiembre, una valoración al servicio de prensa del Ayuntamiento de Barcelona sobre la admisión a trámite de la querella contra la inspectora de la Guardia Urbana y la psicóloga. Las fuentes consultadas no han valorado la admisión a trámite de la querella, pero sí han confirmado que la prueba se repetirá al cabo.

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL CABO 

La querella ha sido interpuesta a través del despacho de José María Fuster-Fabra, que corrobora que las dos denunciadas tendrán que declarar como investigadas. El abogado dice en el texto que al policía se le comunicó que "no era posible hacer la entrevista en castellano sin dar motivación alguna", lo que supuso una vulneración de los derechos fundamentales de F.G.B., argumenta Fuster-Fabra. El cabo expresó que, pese a dominar el catalán, su lengua materna era el castellano y se desenvolvía mejor con ella.

Metrópoli también ha tenido acceso al informe emitido por las dos personas contra las que ha querellado el cabo. En él, ambas subrayan que el equipo entrevistador se dirigió a todos los aspirantes en catalán para no hacer discriminaciones "pero que las respuestas podían ser tanto en castellano como en catalán". En el mismo documento, añaden, que F.G.B "pidió expresarse en castellano por elección propia" y a pesar de ello "mostró escasos recursos comunicativos". Según la querella, tanto M.C de L. y N.S.M. "faltaron a la verdad". Para Zambrano, la sentencia favorable del contencioso puede suponer una "prueba preconstituida, vamos hechos probados, para el juez".

En el informe, que el letrado Fuster-Fabra aporta como prueba, las dos personas que formaban parte del tribunal expresan que "la decisión de No apto se tomó por las carencias a nivel competencial que demostró para ocupar el cargo de sargento. En ningún momento tuvo nada que ver con la que lengua en la que se expresó, que fue libremente escogida por él, como hicieron todas las personas aspirantes".

"VOLUNTAD DE ALTERAR LA VERDAD"

Así, Fuster-Fabra considera que las denunciadas pueden haber cometido un delito de falsedad documental, "que requiere la voluntad de alterar conscientemente la verdad por medio de una acción que requiere trastocar la realidad, convirtiendo en veraz algo que no lo es", otro de prevaricación, que se da cuando la autoridad o funcionario tiene "plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto". Y finalmente un delito contra las garantías constitucionales, y que consiste en la "clara voluntad de impedir el ejercicio de los derechos de los que se conoce pertenecen al sujeto pasivo que intenta actuarlos", expresó el abogado en el texto de la querella antes del verano.

En la querella, "además de la responsabilidad penal en la que han incurrido las querelladas", el abogado pide una indemnización para F.G.B. por "los daños y perjuicios que le han causado, que con independencia de la cantidad que pueda resultar del presente procedimiento, en este momento se calcula en la cantidad de 9.000 euros, que deberá incrementarse en un tercio para responder de intereses y costas", indica Fuster-Fabra.