El guardia urbano al que se prohibió hablar en castellano presenta una querella criminal

El guardia urbano. F.G.B., al que el Ayuntamiento de Barcelona prohibió hablar castellano en un proceso selectivo interno para ascender de cabo a sargento, ha dado un paso más y se ha querellado contra dos personas que formaron parte del tribunal que le examinó el 30 de julio de 2020: una inspectora del mismo cuerpo policial, M.C de L., y una psicóloga, N.S.M. La "querella criminal" se ha presentado por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y contra las garantías constitucionales.

La denuncia, interpuesta el 26 de mayo ante el Juzgado de Instrucción de Barcelona que corresponda por turno, llega después de que F.G.B. ganara un contencioso administrativo contra el consistorio. El cabo denunció la discriminación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona. El fallo de la jueza, emitido el 17 de marzo, es muy claro: obliga al consistorio a repetir la prueba al aspirante y a que éste pueda responder en el idioma cooficial de Cataluña que escoja, avanzó Metrópoli en exclusiva el pasado 4 de mayo.

REPETIR LA PRUEBA EN BREVE

En todo este proceso, el policía ha estado acompañado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), un sindicato con representación en la Guardia Urbana de Barcelona. Tras ganar el contencioso y el consistorio no recurrir, la sentencia es firme y F.G.B. está pendiente de que le den fecha para repetir la cuarta prueba del proceso selectivo para sargento, la entrevista, explica el secretario de Organización de CSIF y guardia urbano, Eugenio Zambrano. En la querella, a la que ha tenido acceso este medio en exclusiva, se concreta que fue la prueba de personalidad y competencias donde se produjo la discriminación.

La querella ha sido interpuesta a través del despacho de José María Fuster-Fabra. El abogado dice en el texto que al policía se le comunicó que "no era posible hacer la entrevista en castellano sin dar motivación alguna", lo que supone una vulneración de los derechos fundamentales de F.G.B., argumenta Fuster-Fabra. El cabo expresó que, pese a dominar el catalán, su lengua materna era el castellano y se desenvolvía mejor con ella. 

"FALTARON A LA VERDAD"

En la sentencia judicial, del 17 de marzo se expone que los hechos denunciados por F.G.B. quedan probados porque un testigo, un observador sindical, corroboró la versión del policía. Ante la magistrada, el representante de UGT, J.M., explicó que cuando F.G.B. pidió hacer la entrevista en castellano se le negó tal posibilidad. Con anterioridad a la entrevista, el policía había sacado un 8,6 y un 8,5 en los exámenes teórico y práctico y ocupaba el puesto 23 en un proceso selectivo de 130 aspirantes para 50 plazas de sargento. En la entrevista logró un 2,75 sobre 10. El representante de UGT también será citado a declarar en la querella en calidad de testigo. Fuentes del sindicato han indicado que J.M. acudirá como no puede ser de otra manera.

Metrópoli también ha tenido acceso al informe emitido por las dos personas contra las que ha querellado el cabo. En él, ambas subrayan que el equipo entrevistador se dirigió a todos los aspirantes en catalán para no hacer discriminaciones "pero que las respuestas podían ser tanto en castellano como en catalán". En el mismo documento, añaden, que F.G.B, "pidió expresarse en castellano por elección propia" y a pesar de ello "mostró escasos recursos comunicativos". Según la querella, tanto M.C de L. y N.S.M. "faltaron a la verdad". Para Zambrano, la sentencia favorable del contencioso puede suponer una "prueba preconstituida, vamos hechos probados, para el juez", sostiene Zambrano.

En el informe, que el letrado Fuster-Fabra aporta como prueba, las dos personas que formaban parte del tribunal expresan que "la decisión de No apto se tomó por las carencias a nivel competencial que demostró para ocupar el cargo de sargento. En ningún momento tuvo nada que ver con la que lengua en la que se expresó, que fue libremente escogida por él, como hicieron todas las personas aspirantes".

"VOLUNTAD DE ALTERAR LA VERDAD"

Así, Fuster-Fabra considera que las denunciadas pueden haber cometido un delito de falsedad documental, "que requiere la voluntad de alterar conscientemente la verdad por medio de una acción que requiere trastocar la realidad, convirtiendo en veraz algo que no lo es", otro de prevaricación, que se da cuando la autoridad o funcionario tiene "plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto". Y finalmente un delito contra las garantías constitucionales, y que consiste en la "clara voluntad de impedir el ejercicio de los derechos de los que se conoce pertenecen al sujeto pasivo que intenta actuarlos".

La situación vivida por el guardia urbano contrasta con un currículum profesional intachable con 20 años de servicio en sus espaldas, primero en la policía local de El Prat y después en Barcelona, que incluye una medalla de bronce en 2010, 77 felicitaciones de superiores y una felicitación de la Guardia Civil por su participación en una operación que acabó con el decomiso de 100 kilos de hachís en Almería.

DE BAJA POR DEPRESIÓN

Desde 2018, F.G.B. presta servicio en la comisaría de Sants-Montjuïc. Desde noviembre de 2021 y hasta finales de marzo de este año, cuando ya había concluido el juicio y tenía la sentencia, el policía ha estado de baja por depresión por todo lo vivido en la oposición y el proceso judicial posterior. Actualmente trabaja, aunque sigue bajo tratamiento médico. 

En la querella, "además de la responsabilidad penal en la que han incurrido las querelladas", el abogado pide una indemnización para F.G.B. por "los daños perjuicios que le han irrogado, que con independencia de la cantidad que pueda resultar del presente procedimiento, en este momento se calcula en la cantidad de 9.000 euros, que deberá incrementarse en un tercio para responder de intereses y costas", indica Fuster-Fabra.

EN FASE DE INSTRUCCIÓN

Además de tomar declaración como testigo al representante de UGT que estuvo presente el día de la entrevista a F.G.B como observador sindical, Fuster-Fabra pide al juez que haga comparecer a las dos querelladas y pida al departamento de servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona todo el expediente administrativo. Ahora, el juez deberá decidir si admite a trámite la querella o la archiva. La fase de instrucción se puede alargar durante meses. CSIF no descarta que el juez pueda extender la investigación a otros altos cargos de la Guardia Urbana que formaron parte del tribunal, entre ellos la gerente de Seguridad y Prevención Maite Casado y el jefe de la Guardia Urbana Pedro Velázquez.