Las políticas para combatir la inseguridad se han instalado en el centro del debate político. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha buscado una alternativa para desalojar las viviendas ‘okupadas’, un fenómeno que se ha convertido en una pesadilla en distintos barrios de la ciudad. Y, para desmarcarse también de la alcaldesa Ada Colau, ha presentado una propuesta junto con el Colegio de Abogados de Barcelona. La idea la recoge ahora el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso, con el objeto de modificar una ley orgánica, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
La voluntad de buscar esa vía la expresó Collboni en una entrevista en Metrópoli. El PSC de Barcelona ha empujado para que el PSOE se implique, de la misma forma que ya sucedió con una reforma del Código Penal para castigar la multirreincidencia en los robos, otra de las pesadillas que sufren muchos turistas en la capital catalana.
EL PAPEL DEL JUEZ
El grupo parlamentario del PSOE, que se distancia también de Unidas Podemos con esta iniciativa –al margen de la Ley de Vivienda que siguen sin poder pactar—ha presentado una enmienda al proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, que prevé que los jueces “en un máximo de 48 horas” puedan acordar el desalojo de viviendas ‘okupadas’.
Eso implicará un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), en concreto el artículo 544 de la ley, para que “en los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el juez o tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial, sin necesidad de la prestación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble”.
Jaume Collboni / LUIS MIGUEL AÑÓN (MA)
¿Con qué garantias? El texto de la enmienda señala que se obliga al juez a informar a los servicios sociales y a la fiscalía cuando entre los ocupantes ilegales haya personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad –en relación a los menores—antes de realizar el desalojo. Eso, en la práctiva, podría retrasar la operación durante meses.
DELINCUENTES Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
La medida puede suponer que todo quede igual, si se trata de personas en riego de exclusión social, pero ataja la práctica de bandas de delincuentes que viven de esa práctica, y que buscan a personas para ‘okupar’ viviendas, creando una especie de industria de la ‘okupación’.
Collboni se ha alineado con el Colegio de Abogados de Barcelona y con otros profesionales de la abogacía, que, desde Cataluña, han buscado vías alternativas para paliar un fenómeno que afecta de forma notable a la comunidad autónoma, que concentra más del 40% de las ‘okupaciones’ del conjunto de España.