Estalla un conflicto laboral en la residencia Bon Repòs por presunta persecución sindical

Estalla un conflicto laboral en la residencia Bon Repòs del paseo de Sant Joan de Barcelona. El sindicato CGT denuncia una caza de brujas hacia sus trabajadoras afiliadas. Aseguran que se está llevando a cabo una auténtica persecución laboral para forzarlas a dimitir.

Las trabajadoras, encargadas de velar por el bienestar de los ancianos residentes, viven una auténtica pesadilla por parte de otras empleadas y de la dirección de la compañía. En concreto, denuncian acoso laboral, cobros en negro, que no se respetan sus horarios laborales y maltrato en lo personal por parte de la dirección. Todo ello les llevó a manifestarse el pasado martes y a iniciar un proceso de negociación colectiva, todavía en vías de desarrollo.

Según han explicado a Metrópoli fuentes de la CGT, todo comenzó cuando ganaron las últimas elecciones sindicales y se renovó un comité de otro sindicato que hacía diez años que no se renovaba. Tras ganar, hubo más compañeras que se les afiliaron y, al ser informados de sus problemas salariales, descubrieron que se llevaban a cabo irregularidades desde hacía años, como pagarles por debajo del convenio profesional del sector.

Aquel caso concreto derivó en una demanda, que terminó con un acuerdo por el que la residencia Bon Repòs debía pagar hasta unos 80.000 euros, aproximadamente, a 15 trabajadoras. Desde entonces, explica, se inició una caza por parte de la dirección en la que, siempre según fuentes sindicales, se está haciendo lo imposible para echarlas.

Desde la dirección de la residencia, atribuyen dichas cantidades a un ajuste de horarios, pluses por asistencia en festivos y horas extraordinarias en el marco el convenio sectorial.

OTRAS TRABAJADORAS: CÓMPLICES DEL ACOSO

Hablan de sobrecargas de trabajo y de persecución con la complicidad de compañeras no afiliadas. En concreto, denuncian que las trabajadoras afiliadas a CGT cuya pertenencia es pública, reciben el doble de trabajo que otras compañeras afiliadas a otros sindicatos o bien cuya afiliación es desconocida. También explican que, con la complicidad de algunas otras trabajadoras, se buscan motivos y se las graba en su horario de trabajo para intentar encontrar motivos sancionadores. También detallan que son causas tergiversadas e incluso "inventadas" que han costado cuatro expedientes disciplinarios con supensión de empleo y sueldo de 20, 40 y 60 días.

Si bien cuentan que la tónica es la del maltrato a todas las empleadas, durante los últimos dos años y medio se ha puesto especial fijación en las trabajadoras afiliadas. También explican que tienen constancia de reuniones clandestinas entre la dirección y trabajadoras no afiliadas en las que, a cambio de beneficios laborales, como extras en negro o menor carga de trabajo, se planifica deliveradamente el poner más trabajo a las afiliadas, la vigilancia y otras cuestiones con la complicidad de las compañeras.

Las fuentes aseguran saber de estas situaciones gracias a que solo sufren la situación aquellas cuya afiliación se sabe. No obstante, un número indeterminado de trabajadoras -que no han querido dar "por miedo"-, también se ha afiliado al sindicato y han podido presenciar dichas reuniones o tácticas de acoso e informar a los representantes de los trabajadores.

La dirección no solo niega estos hechos, sino que aseguran que jamás ha habido complicidad entre trabajadores y dirección para grabar a las empleadas afectadas. Por el contrario, acusan a dichas empleadas de haber intentado grabar conversaciones con otros compañeros y miembros de la dirección, motivo por el que, añaden, comenzarán a prohibir llevar el teléfono durante la jornada laboral.

Respecto a las reclamaciones de las empleadas, consideran que puede deberse a una "desconexión" por parte de las mismas con el resto de la plantilla. Explican que las horas de trabajo para el sindicato se suelen pedir los viernes por la tarde y que, posiblemente, en este caso no se hubiera concedido.

TRABAJADORAS MIGRANTES

"Las trabajadoras, tanto afiliadas como no afiliadas, vienen a la sede de CGT cada poco llorando. Se han producido recientemente dimisiones en masa porque nadie aguanta", relatan. "Hay casos, como el de un empleado de mantenimiento de la residencia, al que los propietarios llamaban para hacer reformas en sus casas". Se da además al caso de que la mayoría de trabajadores contratados son migrantes de origen extranjero.

Desde el sindicato acusan a uno de los dos hermanos propietarios de la empresa Bon Repòs S.l de llamar, una a una, a todas las trabajadoras a su despacho para preguntarles por su afiliación sindical. Eso ha generado pánico entre otras afiliadas a revelar dicha información, pues no quieren pasar a engrosar las filas compuestas por las 15 trabajadoras que sufren esta presunta situación de acoso.

Nada que ver con la versión ofrecida por la dirección, que aseguran que se trató una conversación informal en la que una empleada le dijo a un directivo que estaba afiliada a un sindicato y él le preguntó "si le podía especificar cuál". Aseguran estar a favor del derecho a la sindicación de los empleados y creen que siempre ha habido una relación cordial con los representantes de los trabajadores.

Por otra parte, creen que, al estar tan cerca de la residencia -unos 500m- la sede de la CGT, las trabajadoras pueden pasarse por ahí con mayor facilidad y el sindicato tiene más herramientas para ejercer presión a la directiva.

NEGOCIACIÓN EN CURSO

Por el momento, las fuentes de la negociación explican que se ha llegado a un acuerdo que la compañía se ha comprometido a firmar el viernes. Dicho acuerdo implicaría retirar los expedientes disciplinarios activos contra cuatro trabajadoras, una compensación por irregularidades en los pagos y una redistribución más igualitaria de la carga de trabajo, entre otros aspectos.

No obstante, desde la CGT se muestran dubitativos, por lo que han aplazado la manifestación programada para este próximo jueves y, si la compañía se negara a firmar, comenzará un ciclo de manifestaciones cada martes y cada jueves por tiempo ilimitado.

EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS

Por su parte, la dirección de la empresa ha explicado a este medio que fueron tres empleadas las que cometieron, supuestamente, graves irregularidades en el desempeño de sus funciones durante una inspección de los servicios sociales de la Generalitat y que, a causa de ello, se abrieron expedientes sancionadores contra las empleadas cuyo resultado no ha sido todavía comunicado.

Los expedientes fueron contradictorios, explica la empresa, para que las empleadas tuvieran oportunidad de formular alegaciones.

Por otro lado, aseguran que ven como una "persecución" por parte del sindicato las movilizaciones programadas y acusan a la CGT de "presionar" a la compañía cuando no hay motivo porque, dicen, están cumpliendo "con exquisitez la legalidad vigente".

También consideran que "un trabajo no se defiende con protestas, sino trabajando bien, de manera honesta y acorde con el equipo y los protocolos establecidos". A su vez, niegan la presunta persecución y aseguran que están trabajando para llegar a un entendimiento con el sindicato.