El gobierno de Ada Colau aporta tres veces más de pisos que la Generalitat a la Mesa de Emergencia Social del Consorci de l'Habitatge de Barcelona. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Barcelona a Metrópoli, entre 2016 y 2021, el consistorio ha facilitado 1.066 viviendas por 340 de la Generalitat, a través de la Agència Catalana de l'Habitatge. La diferencia es de 726 casas a pesar de que el Govern gestiona un 60% del consorcio por el 40% del municipio. Metrópoli ha intentado sin éxito obtener una valoración por parte de Habitatge de la Generalitat.
En una entrevista en el programa Fora de Plató de RTVE del pasado 19 de septiembre, Colau cifró en un millar los pisos que la Generalitat debe a la mesa de emergencia. "El Ayuntamiento está haciendo el máximo y más allá de los máximos", dijo la alcaldesa de Barcelona. Y añadió: "Cuando veo que día tras día la noticia de la Generalitat es que JxCat y ERC se pelean y no dicen nada de los pisos de emergencia que nos deben, y pienso en todas aquellas familias con nombres y apellidos que están esperando estas viviendas, la verdad es que se nos acaba la paciencia".
Situación de las peticiones de pisos de emergencia en julio en Barcelona
655 FAMILIAS ESPERAN UN PISO DE EMERGENCIA EN BARCELONA
Según los datos de la Mesa de Emergencia Social del pasado julio, el último mes del que se han publicado las cifras, 655 unidades familiares con una valoración positiva estaban pendientes de que se les adjudicara un piso. La situación es todavía más preocupante: el Consorci de l'Habitatge tiene otros 735 casos en tramitación de los que 696 son de meses anteriores y otros 39 entraron nuevos en junio. En julio solo se adjudicaron 12 viviendas de emergencia y otras 40 familias fueron alojadas de forma temporal en pisos turísticos.
Los pisos de emergencia van destinados a personas con riesgo exclusión residencial, como por ejemplo la pérdida de una vivienda por desahucio. Para este tipo de situaciones, el consorcio cuenta con un fondo de viviendas de alquiler social que se adjudican a través de la citada Mesa. En los últimos siete años, el número de familias que esperan un piso de emergencia social con una valoración positiva se ha multiplicado por 60. De las 11 unidades familiares de finales de 2015 se ha pasado a las 655 de julio.
SANT MARTÍ, EL DISTRITO CON MÁS PETICIONES
De los 735 expedientes que se estaban tramitando en julio, los distritos de los que había más peticiones eran Sant Martí (131), Ciutat Vella y Nou Barris (129), Sants-Montjuïc (126) y Horta-Guinardó (80). La cifra baja a la mitad en el Eixample (66) en comparación con Sant Martí, y cae todavía más en Gràcia (24), Sant Andreu (21), Les Corts (16) y Sarrià-Sant Gervasi (13).
La regidora no adscrita aunque vinculada a Valents Marilén Barceló admite que la Generalitat no cumple con los pisos que debería aportar en la Mesa de Emergencia Social, pero opina que no puede ser la excusa en la que siempre se escude Colau. "Si los recursos no llegan por parte de la Generalitat hay que buscarlos por otro lado y ser más prudente en las promesas que se hacen sobre vivienda. Lleva siete años gobernando y el parque de vivienda pública de la ciudad es totalmente insuficiente. La Generalitat no cumple pero el Ayuntamiento debe ser capaz de buscar otros recursos. Y una forma de hacerlo es la colaboración público-privada".
Una finca de alquiler social en el Eixample de Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO
Barceló dice que la política de vivienda del Ayuntamiento es un "fracaso". Recuerda que cuando Colau llegó a la alcaldía prometió 4.000 pisos públicos por mandato, 8.000 en total, y afirma que estas cifras no se han conseguido. "No puede ser que haya más de 600 familias esperando una vivienda de emergencia social que tienen adjudicada porque no hay. Hay que solucionar el problema de la vivienda y para ello hay que contar con el sector privado. El sector privado no es el culpable. No es el problema sino parte de la solución. El gobierno municipal debería superar la alergia que tiene a todo lo privado".
La edil no cree que los pisos contenedor sean viviendas dignas para residir, y cree que el problema de la falta de viviendas públicas se agrava más ante el creciente número de personas sintecho que viven en las calles de la ciudad, más de 1.200 según el último recuento de la fundación Arrels.