La norma urbanística de Barcelona que obliga a destinar el 30% de la superficie de los edificios residenciales de nueva construcción a vivienda social ha producido, desde que se aprobó en 2018, solo 52 viviendas de protección oficial.
Así lo han expuesto los promotores inmobiliarios de Cataluña y Foment del Treball, que han catalogado la medida del consistorio de "fracaso estrepitoso". Lo han hecho en la presentación de un informe de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) y Foment, en el que se concluye que el ritmo de producción de estos inmuebles es "totalmente insuficiente" si el objetivo es cubrir las necesidades de vivienda social.
Detallan además en dicho informe que el parque asequible no llega ni al 1,5%. "La reserva del 30 % está dando muy pocos resultados y está paralizando la construcción de nuevas viviendas, así como también la rehabilitación de la parte del parque que ha quedado antigua", asegura el estudio. En concreto, se desgrana en él que desde 2018 solo se han presentado 13 solicitudes de licencias de obras mayores que incorporan esta reserva, de las que se aprobaron 11.
El presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, ha pedido poner suelo para hacer crecer el parque de viviendas y ha recordado que es "de máxima urgencia" tomar medidas al respecto. Además, ha recordado que ayuntamientos y diputaciones son tenedores del suelo, que ahora solo el 11 % de las viviendas que se construyen son sociales y que el parque actual no llega al 1,5 % "frente al 10 %, al 15 % e incluso al 25 % de otros países europeos".
Promoción de vivienda pública del IMPSOL / EP
El estudio también ha puntualizado que esa misma tendencia se observa en otras localidades catalanas, como Mataró, Terrassa y Ripollet. "Hay que consultar a los actores del mercado cuando se toman decisiones y, como no se hizo, nos encontramos con la cruda realidad", ha reflexionado Vilajoana.
Por su parte, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha insistido en el fracaso de la medida y ha cargado contra "la tendencia a descargar las responsabilidades sobre el sector privado" de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
En 2021, en Cataluña se generaron un total de 13.517 viviendas de protección oficial, un 11,3 % del total, según el informe, un porcentaje superior al de 2020 (101 %), 2019 (7,3 %) y 2018 (8,7 %), pero inferior a los años inmediatamente anteriores.
INSEGURIDAD JURÍDICA, CLAVE EN LA PARÁLISIS
El informe de APCE advierte además que "la inseguridad jurídica en el ámbito de la vivienda continúa agravándose y paraliza la construcción de viviendas en Cataluña" y que "las políticas intervencionistas" de las administraciones en el mercado de alquiler "han generado un efecto contraproducente sobre la oferta de vivienda en Cataluña", que cree "se intenta extender al conjunto del Estado".