Frente común de los empresarios agrícolas contra la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Delta del Llobregat. Los empresarios, coordinados por el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, plasman su rechazo a este plan anunciado por la Generalitat. Las entidades que representan al sector agroalimentario del Baix Llobregat, se reunieron el lunes con la cooperativa de Gavà y han presentado cerca de 200 alegaciones en las que señalan carencias técnicas, científicas, económicas y sociales del proyecto. En un comunicado, hecho público por el IACSI, aseguran que "no se puede ampliar un espacio protegido si no se sabe ni siquiera gestionar correctamente el que existe".
Esta ampliación anunciada por la Generalitat, busca responder a la carta de emplazamiento enviada por la Comisión Europea en que pide a la administración catalana mejorar la gestión de la zona ZEPA. Se trata del primer paso antes de que se formalice un expediente sancionador contra el país por el deterioro del espacio natural del Delta del Llobregat. Los empresarios consideran que esta propuesta de ampliar la zona protegida no soluciona el problema y no paralizará el expediente sancionador.
PRINCIPALES QUEJAS DE LOS EMPRESARIOS
Los empresarios agroalimentarios critican que falta un plan de gestión de las actuales superficies protegidas. En el comunicado, aseguran que "se ha dejado por parte de la Generalitat". Solicitan al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, liderado por Teresa Jordà, que no abandone los humedales y que invierta en mejoras hídricas para solventar los problemas que derivan de las inundaciones y fenómenos climatológicos. Consideran que falta fundamento técnico y científico en la propuesta. Aseguran que no hay un estudio por parte de la Generalitat que evalúe las zonas más dañadas ni el deterioro que han sufrido durante los últimos años.
Imagen de archivo del Delta del Llobregat / EUROPA PRESS
Lamentan que la zona que quiere aumentar la Generalitat (más de 1.000 hectáreas) no es territorio húmedo y que, por tanto, no puede ser hábitat de aves en peligro. Critican que el proyecto de Acuerdo de Gobierno opta por "el sistema más restrictivo que existe en materia de protección ambiental". Además, añaden: "No se ofrece ningún tipo de estudio de impacto ni de viabilidad de otras alternativas. "
PRINCIPAL DEMANDA
Los empresarios agrícolas demandan a la Generalitat un estudio de impacto económico e iniciar un diálogo real con este colectivo para evitar la desaparición de la industria agroalimentaria del Baix Llobregat. Las casi 200 entidades interesadas subrayan la falta de diálogo real con la Generalitat y la que catalogan de "imposición" de una visión "más relacionada con lo ideológico que con el criterio serio y científico".
Los principales Ayuntamientos afectados por esta decisión, Viladecans, Sant Boi y Gavà, ya han expresado su rechazo a la propuesta de la administración catalana y han criticado la falta de co-gobernanza que desde un principio se había negociado entre instituciones.