Un conflicto más allá de los intereses concretos de los inquilinos de un inmueble. Es lo que sucede con Casa Orsola, un edificio del ensanche barcelonés, en Consell de Cent con Calàbria, con diseño modernista. Este lunes, el juez, en la Ciutat de la Justícia, fijó para el 14 de febrero la fecha de desahucio de un vecino que se niega a abandonar el inmueble tras el aumento de la renta que ha fijado el nuevo propietario de Casa Orsola. Y la misma suerte podrían correr otros inquilinos ‘no vulnerables’, --tres más—que tampoco quieren pagar más por sus alquileres. ¿Qué ha sucedido?
El juez fijó la fecha que afecta al vecino Josep Torrent, que se niega a abandonar la Casa Orsola a pesar de que su contrato de alquiler expiró hace meses. En las puertas de la Ciutat de la Justícia se concentraron unas 50 personas, entre ellas diputados de ERC, de los comunes y de la CUP, y también miembros de entidades de defensa del derecho a la vivienda, como el Sindicat de Llogateres o la Xarxa d’Habitatge de l’Eixample de Barcelona. Lo que pretenden es convertir el caso del inmueble modernista en una causa política, a la que se sumó en los últimos meses la propia candidata de los comunes, Ada Colau, que se ha ofrecido a que el Ayuntamiento ejerza un papel de mediador.
La nueva propiedad, Lioness Inversiones, mantiene una misma tesis: estudiará los casos de vulnerabilidad, pero son los vecinos que quieran renegociar sus contratos los que deben demostrar esa vulnerabilidad. Y no es el caso de Josep Torrent, que vive en el inmueble desde hace dos décadas. La negativa de algunos vecinos a pagar más por su alquiler, que se pide por parte de la nueva propiedad del edificio cuando expiren los contratos, se basa en la supuesta práctica especulativa de Lioness Inversiones, ante la nueva situación en la que toda la zona del Eixample se podría ver revalorizada, con las obras de la superilla.
RENTAS INFERIORES AL MERCADO
“Los vecinos de la finca estamos más unidos que nunca”, aseguró Torrent, con el argumento de que todos quieren “abrir una negociación colectiva con los nuevos propietarios, para que no se nos coman, pero no hay manera”.
Imagen de la Casa Orsola, en la calle de Consell de Cent
El caso de Casa Orsola puede crear un precedente. Hay cambios de propiedad en toda la ciudad, como ha sucedido siempre. Pero, ¿qué sucede cuando un inquilino acaba su contrato, y la nueva propiedad considera que debe aumentar los precios? Lo que sucedía, según fuentes cercanas a la propiedad, es que las rentas eran inferiores al mercado. Y ahora, tras adquirir la finca, busca cómo actualizarlas.
Con la nueva decisión, y tras informar a los vecinos, algunos de ellos han decidido organizar ese frente común, con el apoyo del Sindicat de Llogateres, una entidad que tiene la simpatía del Ayuntamiento de Barcelona.
La finca cuenta con 27 viviendas, y de ellas, siete tienen contratos de renta antigua. Otras tres fueron reformadas y alquiladas con rentas de temporada. Y a los contratos que quedan pendientes, aún tienen años por delante hasta que expiren.
La situación de Torrent es la misma que viven otros tres inquilinos. Y por ahora, el juez ha decidido ya un deshaucio. Será el 14 de febrero. Y lo que pretenden las entidades y los partidos que se manifestaron este lunes es convertir la cuestión en una causa política “contra la especulación”.